miércoles, 18 julio, 2018
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La lucha anticorrupción es un tema que todos los candidatos mencionan, pero sin mencionar una estrategia certera para terminar con el peor cáncer que carcome a México.

Corrupción: la lucha que le espera al próximo presidente de México

El próximo 1 de julio se decide en las urnas quién será el próximo presidente de México, además de la renovación del Congreso de la Unión (que incluye 500 diputados y 128 senadores), 9 gubernaturas y múltiples otros puestos de elección popular. Sea quien sea quien gane, el papel de ellos en lo inmediato será vital en una de las asignaturas más importantes que tenemos como país.

Me refiero a la lucha contra la corrupción, asunto que los candidatos mencionan y mencionan, pero en realidad con poca precisión de cómo llevarla a cabo y tener éxito. Dentro de las tareas que se tiene enfrente destaca la designación del fiscal anticorrupción, así como de los magistrados del tribunal especializado.

Para que estos órganos funcionen es menester contar con una fiscalía autónoma e independiente, la cual pueda dar paso a aspirar a que la procuración de justicia ya no se siga haciendo bajo las órdenes del presidente en turno. Es hora de pasar a tener una agenda anticorrupción que rompa el pacto de impunidad y que trabaje con una agenda que no sea política, sino científica y técnica.

La lucha contra la corrupción debe poner en el centro las causas que la originan. Y una de las principales es transparentar el gasto público, para lo cual es necesario utilizar la tecnología.  En este sentido es necesario subir en línea absolutamente todo el gasto del erario público – necesitamos ver en qué se gasta cada centavo de lo que se recauda y como se aplica por parte de las dependencias y entidades paraestatales.

No hay razón legal, tecnológica o práctica para la opacidad en el ejercicio de estos recursos. Por ello es urgente que se digitalice sin restricciones el uso de todo el gasto público, dando por resultado transparencia –  un inhibidor natural de las prácticas de corrupción.

En este punto hay que añadir que la corrupción es una moneda que tiene dos caras; así como señalamos al sector público, también está una parte del sector privado que con complacencia y coparticipación ha sido parte esencial del motor de la corrupción.  En ambos lados de la moneda se requiere de un eficaz combate a la irregularidad, lo que solamente es posible con sanciones ejemplares y cero tolerancia.

Hablando de otras herramientas para eliminar prácticas de corrupción, podemos citar el que se incorpore el principio de afirmativas fictas en todos los trámites administrativos del sector público. Esto sería un golpe brutal a la corrupción – a partir de ese principio transcurrido un plazo, por ejemplo, de 5 días hábiles, cualquier solicitud presentada formalmente por un gobernado se entenderá que la misma ha sido aprobada salvo que se niegue expresamente y con la debida fundamentación y motivación.

Dicha mecánica provocaría eliminar que se siga teniendo un caldo fértil para irregularidades, dado que muchas de las veces cumplir con los requisitos queda a criterio de la autoridad.  En el momento en que la autoridad tiene que razonar las negativas y de no hacerlo la solicitud está aprobada, automáticamente se elimina una fuente importantísima de extorsión y corruptelas.

La lucha contra la corrupción debe tener cero tolerancia.  No podemos ser testigos de conductas que tanto daño han causado a la nación como las que se realizaron en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, por citar algunos ejemplos de tres estados donde los escándalos de corrupción han sido descomunales. Tan solo pensemos en la cantidad de infraestructura que se dejó de hacer, las escuelas que no se construyeron, las clínicas de salud que no operaron, etc. El resultado es que no se ayudó a la población, lo que es más crítico al entender que lamentablemente la corrupción afecta a quien menos tiene.

No podemos pensar que es sano convivir en un país en el cual, en vez de criterios de eficiencia, de competitividad y de probidad, la manera en que se llevan a cabo las tareas públicas se impongan criterios de selección no por calidad y precio sino de compadrazgos, cuotas y moches.

Es indispensable sumar al ciudadano para tener éxito en erradicar las prácticas corruptas. Solamente con la participación ciudadana integral y la congruencia subyacente se pueden tener mecanismos de revisión, auditoria y monitoreos confiables. Así como se debe de denostar y denunciar a los servidores públicos corruptos también se debe reprobar al sector privado que de cualquier forma sea parte de esta nociva fórmula.

Una vez que emprendida la ruta para acabar con la corrupción, debemos estar claros que es posible cambiar esta realidad y aspirar a un mejor país. Tenemos ejemplos de que es posible ganar esta pelea.

Hay muchos países que eran tan o más corruptos que el nuestro, y a partir de fortalecer instituciones, generar transparencia, fomentar rendición de cuentas, crear incentivos para una correcta mecánica en la impartición de justicia, y otras medidas análogas lograron revertir esa tendencia; no hay duda, es posible. Lo que se requiere es voluntad política y convicción e implacabilidad ciudadana.  Se requieren ambos factores, pero si somos exigentes en lo segundo la clase gobernante no tendrá alternativa alguna en este campo.

La cruda realidad es que se requiere aplicar estas medidas para que no sigan los abusos. La corrupción que hemos visto y presenciado por décadas, pero sobre todo en el pasado reciente, es un verdadero escándalo.  Me gustaría pensar que ya tocamos piso y que ni la ciudadanía ni nadie del país está dispuesto a seguir observando cómo se va dilapidando la riqueza nacional.

El proceso electoral en curso ofrece una oportunidad irrepetible de asegurar que las promesas de los candidatos sean firmes y exigibles.  La intolerancia empieza por no permitir que olviden dichas ofertas en el momento en que asuman sus puestos.  Debemos ser implacables en la exigencia permanente y sin cuartel.  No más abusos ni impunidad.

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