miércoles, 18 julio, 2018
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Una vez destapada la corrupción entre universidades y tecnológicos de la entidad con Pemex, los rectores involucrados se conservan inmunes.

Entre universidades y tecnológicos; Graduados en impunidad

IGNACIO RÍOS

@NachoRios1

 

De nuevo salen a relucir operaciones millonarias trianguladas entre PEMEX, la Universidad Popular de la Chontalpa, la Universidad Politécnica del Golfo de México, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, así como empresas outsourcing.

Se revivió el escándalo con la difusión de una investigación por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en colaboración con Animal Político, donde acusaron al Gobierno Federal de usar 128 empresas fantasma para desviar a través de 11 dependencias tres mil 433 millones 683 mil 969 pesos.

 

Se quedaron cortos

Entre 2009 y 2014,  Pemex asignó solamente a la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM), contratos por más de mil 646 millones para el servicio y adiestramiento de sus estudiantes, mayoría de los recursos que no fueron a parar a las universidades sino a empresarios coludidos con Pemex. Los rectores se prestaron para el lavado de recursos, incluso aportando facturas y violando todo tipo de leyes.

En tanto, una sola auditoría (2013) forense a un millón 523 mil 684.4 pesos correspondiente al total contratado en nueve convenios suscritos por la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) con Pemex Exploración y Producción (PEP) para la prestación de diversos servicios fueron observados por la Auditoria Superior de la Federación (2013) sin que hasta el momento hayan sido solventados.

Otros cinco mil millones más en convenios que se otorgaron a instituciones en Tabasco son investigados. Existen folios de contratos y direcciones jerárquicas de PEMEX, las Universidades y Tecnológicos.

Eluden auditorías

Grilla registró documentalmente tan sólo en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 que la ASF observó graves irregularidades durante tres años consecutivos de fiscalización en este rubro y, no obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y acciones promovidas, persiste la práctica reiterada de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal realizan adjudicaciones directas con universidades públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y entidades en los tres niveles de gobierno para la contratación de adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, ejecución de obras públicas, estudios técnicos y supervisión; programas federales.

Estos esquemas permiten en muchos casos eludir las licitaciones públicas, simular los servicios y las adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos, y éstos, a su vez, subcontratan a otras empresas y/o personas físicas; y se ha dado el caso de que son empresas inexistentes.

Estas situaciones han sido denunciadas con anterioridad por la ASF y se ha solicitado al SAT la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. Por lo que se determinó llevar a cabo la auditoría para constatar la presunción de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas, además, de comprobar que las universidades y/o institutos tecnológicos cuentan con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar los servicios.

No obstante, la ASF dejó en manos de las propias universidades solventar las observaciones. Ninguna pudo hacerlo.

Estafa triangulada

Al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.

Los 7 mil 670 millones de pesos fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.

Aquí el gobierno no entregó los contratos a las empresas, sino que primero a ocho universidades públicas y éstas lo dan a las empresas; sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.

Las universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.

De acuerdo a Animal Político, el desvío de recursos lo hicieron once dependencias, tan variadas como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o Petróleos Mexicanos, y contó con ocho cómplices: universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de mil millones de pesos por jugar este rol.

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