martes, 11 diciembre, 2018
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El saldo de la institución judicial a cargo de Fernando Valenzuela Pernas, de 2013 a la fecha, no es alentador en temas de seguridad ni impartición de justicia.

Fracasó la FGE Tabasco

Por Ignacio Ríos
@NachoRios1

Iniciaron abriendo “carpetas criminales (antes averiguaciones previas)” en casos políticos-sociales, para vincularlas a jueces de control y “casi terminan pidiendo disculpas”. Eso, sin contar el gasto de “miles de dólares” (siete millones) para el pago de abogados extranjeros con cargo al gobierno de Tabasco. Fue un espectáculo social sexenal, con las reservas del caso. De cada caso. Desde políticos, hasta sociales.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (exProcuraduría) y su vice Fiscalía Especial concluye sus primeros seis años (2013-2018) en “fracasos”; con la posibilidad de que el exgobernador Andrés Granier Melo, salga y festeje Navidad en familia en su domicilio, “sin que por responsabilidad local sea sancionado con cárcel, aunque sostienen que localmente tiene una sentencia de 10 años y 10 meses por peculado”.

Además, con el fracaso en la incautación de bienes de la esposa de José Saiz Pineda en Estados Unidos (donde el gobierno tabasqueño pagó miles de dólares –con recursos públicos– sólo por representación en el juicio); la posible –aunque más complicada— pero también liberación del exsecretario de Finanzas (este sí detenido por la justicia local); y sin resolver los cuatro crímenes de periodistas durante el nuñato.

Eso sin contar con el “carpetazo” (caso cerrado) del ya al supuesto fraude por la compra del edificio del IEPCT (a un sobreprecio de 32 millones), la liberación y absolución de los exconsejeros Héctor Aguilar Alvarado y Gustavo Rodríguez Castro y también del hoy presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, Jorge Montaño Ventura a quien (por petición de la Fiscalía y en juicio público ante el pleno del Congreso), fue desaforado y sometido al escarnio público.

Amén de la ejecución sin dictaminar de los presuntos delincuentes –fotografiados vivos y exhibidos muertos– de la Banda de los Almeida por parte de Policías, en un escándalo en redes sociales sin precedentes; y los dos incendios de autobuses del Transbus “sin esclarecer, responsables o detenidos” aún (11 de noviembre de 2015, un total de 47 camiones y de marzo de 2018, 10 autobuses más).

Se suman a la liberación de tres de las personas detenidas en el caso Granier, de las cuales dos fallecieron ya en libertad. Sin contar con las detenciones de miembros de la Fiscalía involucrados en secuestros y extorsiones, la aparición de narcomantas y videos de supuestos miembros del crimen organizado denunciando vinculación de elementos ministeriales de la Fiscalía y hasta atribuyendo la autoría de un supuesto protegido del homicidio del periodista Juan Carlos Huerta.

En suma, fracaso, tras fracaso, en lo que son casos tipo político, sociales y sin contar con lo que vaya a dictaminar todavía alguna autoridad con los 88.5 millones de pesos “encontrados en Lomitas” que se han empleado ya para superar algunas deficiencias del sistema judicial estatal y si los defensores de algunos de los casos políticos sociales, vayan a exigir alguna reparación del daño.

Ese es el saldo de la institución judicial a cargo del doctor Fernando Valenzuela Pernas, encargada de la imputación y vinculación de cada uno de esos casos que, del 2013 a la fecha, se llevan o llevaron a cabo para ser sujetos a proceso por el juez del caso.

La encargada especial para el caso, le correspondió a la fiscal Luz del Alba Pardo Cruz –que el 26 de agosto de 2017– fue designada titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC). Ambos se enredaron, fueron los encargados de “soportar” las investigaciones.

Uno a uno, van saliendo

Las pesquisas sobre el presunto saqueo a las arcas estatales durante el granierato, cobraron la vida de Leoncio Lorenzo Gómez, quien fuera director de Contabilidad Gubernamental, y uno de los primeros detenidos. En el expediente se acusaba al exfuncionario de maquillar la contabilidad que se entregaba a las dependencias y de esa forma presuntamente contribuyó al millonario desfalco en el gobierno de Andrés Granier Melo. Y ya no volvió a salir.

El 11 de junio del 2013, fue detenida la exjefa de cajas de la Secretaría de Finanzas, Esperanza Mayo. Hoy ya se encuentra libre; el 14 de junio de 2013, le tocó a Rosa Mélida López Villanueva, exdirectora de atención al público de la Policía Estatal de Caminos. La liberaron el 11 de diciembre de 2015. Falleció el pasado 18 de agosto.

El 29 de octubre de 2013, detuvieron a la exdirectora de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Clisceria Rodríguez Alvarado, la liberaron el 11 de diciembre de 2015, y el 30 de octubre de 2013, tocó al exdirector administrativo, Abenamar Pérez Cupil.

Mantas y video por caso Huerta

El lunes 12 de noviembre, varias mantas y un video aparecieron en la capital de Tabasco. De acuerdo a diversas informaciones, son cerca de 15 mantas en varios puntos de la ciudad, donde piden que se actúe contra mandos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública por brindar supuesta protección a la delincuencia organizada.

No sin antes solicitar al general Audomaro Martínez Zapata investigar al jefe de la Ministerial policía Irving de Jesús Jiménez, como el presunto responsable de la muerte de Juan Carlos Huerta junto con el “Pelón de Playas del Rosario”.

Acusado de vínculos con la delincuencia

“El Fiscal Fernando Valenzuela Pernas se encuentra entre los servidores públicos que sirven al narcotráfico” acusó José Oscar Valdez Ramírez. El jueves 15, en el programa de radio matutino “Telereportaje”, el doctor Valdez Ramírez, candidato a la Fiscalía General de la República, declaró que la corrupción e impunidad actual existen en la PGR y Fiscalías de los estados.

Precisó que el titular de la FGE en Tabasco, forma parte del 80 por ciento de los servidores públicos, que tiene nexos con la delincuencia organizada; añadió que tiene pruebas y que en breve las presentará.

En derecho de réplica, el fiscal se comunicó al mismo programa, y negó tener nexos con la delincuencia y principalmente el narcotráfico. Trató de “payaso” al aspirante y se comprometió a que una vez que presente el proyecto, el jurista, ante el Senado, estará pendiente para proceder en su contra. “La gente que me conoce en el país y en Tabasco sabe de mi honestidad, trayectoria y compromiso”, dijo.

Congreso valorará trabajo del fiscal

El fiscal no es inmovible, acaban de haber reformas respecto a la Fiscalía y si el Congreso determina que ha lugar, puede ser sustituido. Y si hay casos de fallas y dejaron “algunos cabitos sueltos”, se puede prestar a muchas dudas.

Es la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Congreso del Estado, la diputada de Morena, Julia Pardo Contreras, quien, aunque reconoce “no se puede negar la capacidad y conocimiento del fiscal, pero hay muchos casos que se tienen que esclarecer” … “Que dejan dudas porque cuando se quiere llegar al punto de esclarecimiento de hechos si se puede llegar” …

En los casos de crímenes no sólo contra periodistas, sino feminicidios, secuestros y otros de índole social, nos da tristeza que no se esclarezcan. Para que la sociedad vuelva a creer en nuestras autoridades, hay muchas cosas que se tienen que esclarecer, puntualiza.

– Pueden remover al fiscal?

– Con las nuevas reformas, sí lo podemos remover

Un saqueo sin castigo “Mucho ruido y pocas nueces”

21 de febrero 2013. Al hacer un corte de las irregularidades halladas en sus primeros 51 días de gobierno, Arturo Núñez, “detectó” que la deuda estatal “alcanza los 17 mil 737 millones de pesos”.

6 de marzo 2013. La PGR atrajo la investigación del presunto desvío de recursos públicos que se habría cometido en Tabasco en beneficio de la familia del exgobernador Granier Melo.

22 de mayo 2013. Ministeriales catearon el despacho de Saiz Pineda, donde hallaron cuatro costosas motocicletas. La Procuraduría del estado le incautó fajos de billetes, cuyo monto se estimó en casi 100 millones de pesos.

8 de junio 2013. El extesorero de Tabasco fue detenido en Reynosa, Tamaulipas. Saiz planeaba viajar a Estados Unidos a visitar a sus hijas, pero en la aduana le rechazaron la visa.

11 de junio de 2013. El exgobernador Granier Melo regresó a México a limpiar su nombre, aseguró: “no tengo porqué huir”. Procedente de Miami, para comparecer ante autoridades federales y locales, de acuerdo con su abogado Eduardo Luengo Creel.

12 junio 2013. Al llegar a la SEIDO, declaró durante más de 10 horas y señaló que acudió a la subprocuraduría por voluntad propia, sin embargo, fue detenido por la justicia federal por el delito de evasión fiscal.

24 de mayo 2017. Arrestan a Silvia Pérez Ceballos, esposa del exsecretario de Finanzas en su residencia de Houston, acusada de conspiración y lavado de dinero ante una Corte Federal en Corpus Christi, como parte de una investigación para decomisar 50 mdd en propiedades y cuentas bancarias.

Febrero 2018. Granier fue condenado por el delito de peculado a 10 años y 10 meses en prisión, además del pago de 196 millones de pesos por la reparación del daño en contra del erario público en el sector salud.

30 de octubre 2018. Víctor Manuel Hilario Flores, abogado de Saiz Pineda, informó que con la sentencia de apelación número 18-40036, Pérez Ceballos queda libre de los delitos de lavado de dinero y defraudación bancaria.

7 de noviembre de 2018. El fiscal Fernando Valenzuela Pernas, ponderó que de un momento a otro podría emitirse la resolución para que el exgobernador Andrés Granier, continúe su proceso legal en prisión domiciliaria.

Granier en espera

Hoy en día, Granier Melo es atendido por su médico de cabecera y especialistas en la Torre Médica del reclusorio Femenil de Tepepan de la Ciudad de México, con visitas autorizadas en favor de su esposa María Teresa Calles Santillana y sus hijas gemelas Paulina y Mariana, así como su hijo Fabián Granier Calles.

En los casos que la PGR y la Fiscalía intentaron incautarle, incluso salvó su residencia en Mario Brown Peralta 109, de la colonia Atasta, las restantes 13 propiedades en Villahermosa, Ciudad de México y Cancún por un valor catastral de aproximadamente 26 millones de pesos, así como cuentas bancarias, en moneda nacional y dólares, por 45 millones de pesos.

Con rentas, favorece a sus ‘cuates’

Por Flor García Morales
@FlorGarciaMora1

La Fiscalía General del Estado (FGE) paga al año 17 millones 132 mil 732 pesos por concepto de rentas para oficinas, teniendo en cuenta los seis años de la administración del fiscal a cargo, Fernando Valenzuela Pernas, desembolsó por este concepto 102 millones 796 mil pesos con 56 centavos.

Pero estas fuertes sumas no se pagan a cualquiera, pues dentro de la lista de arrendadores aparecen nombres de sus amistades y colegas funcionarios públicos que han recibido generosas sumas por rentar sus viviendas a la FGE.

Uno de estos nombres y a quien ya se ha mencionado antes en Grilla, es el exsubsecretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), actual director del Instituto Tecnológico de Comalcalco y aún presidente del Consejo Político del PRD, Juan José Martínez Pérez, de quien su hijo Abraham Martínez García, recibe mensualmente 464 mil pesos, así lo señala el contrato de arrendamiento del bien inmueble- ubicado en la carretera campo Carrizo 204, en la ranchería Anacleto Canabal- por la renta de tres bodegas de dos niveles.

Según información obtenida vía transparencia, el número de inmuebles arrendados por la FGE es de 29, el monto mensual que se paga por ellos es de 1 millón 427 mil 727 pesos y 73 centavos, y la cantidad anual equivale a 17 millones 132 mil 732 pesos.

En estos documentos proporcionados a Grilla, se específica la dirección de cada inmueble, así como el nombre del arrendatario, en representación de Valenzuela Pernas, aparece la directora General Administrativa, María del Rocío Pérez Torrez, sin embargo, cabe mencionar que sólo uno de estos datos no fue proporcionado, alegando que en el caso de uno de los edificios cuenta con un Acuerdo de Reserva de Clasificación de la Información, el cual según señaló un informante, se trata justamente de las bodegas que les renta Martínez Pérez.

Dentro de esta lista está el exsenador y exsecretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Zubieta, a quien la Fiscalía a cargo de Fernando Valenzuela Pernas paga por concepto de renta 39 mil 750 pesos mensuales, es decir 477 mil pesos al año por un bien inmueble ubicado en la calle Juárez número 70, en el municipio de Jonuta, con una superficie de 377.93 metros cuadrados, que según reza el contrato, consta de dos niveles, nivel 1: sala, comedor, cocina, un medio baño, cuarto de servicio, patio, bodega, estacionamiento para tres vehículos. Nivel 2: tres recámaras, balcón, tres baños, el cual es ocupado como oficina del nuevo Sistema de Justicia Penal.

El edificio ubicado en la privada Guayacán, número 115, casa 18, en la colonia Atasta, en el municipio de Centro, que alberga las oficinas de Comunicación Social, pertenece al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, Jorge Javier Priego Solís, por este pagan 29 mil 680 pesos mensuales, es decir al año desembolsan para éste, 356 mil 160 pesos.

Otro de los arrendatarios es el propietario de la notaría pública 22, José Cerna García, quien renta el inmueble ubicado en la calle 5 de mayo, número 416, colonia Centro en Villahermosa, el cual- según señala en las característica- consta de una superficie de construcción de 242.63 metros cuadrados, que ocupan para la instalación de la subdirección de control de procesos adscrito al Tribunal Superior de Justicia, por el cual pagan 46 mil 370 pesos, es decir al año son 556 mil 445 pesos.

En Comalcalco la FGE renta un edificio más a Orlando Córdova Bernardo, propietario del bien inmueble ubicado en la calle Miguel Hidalgo S/N. Villa Tecolutilla, que consta de dos niveles, con una superficie total de construcción de 144 metros cuadrados, que según el contrato es utilizado para las oficinas del nuevo sistema de justicia penal, por la cantidad de 13 mil 250 pesos mensuales, anualmente es de 159 mil pesos.

Mientras que en el municipio de Cárdenas son dos los inmuebles que la FGE renta, una de ellas ubicada, casi secretamente en la calle Ernesto Guevara de la C., número 22, de la colonia Infonavit Loma Bonita, se trata de una pequeña vivienda, que en un recorrido realizado por Grilla se pudo observar que se utiliza como oficinas de Fiscales Adscritos a los juzgados civiles, penales y de paz, en el que apenas y entran los empleados. Éste pertenece a Maricela Pérez López.

Por este pequeño inmueble pagan la cantidad de 2 mil 968 pesos mensuales, es decir al año la suma a pagar es de 35 mil 616 pesos.

El segundo inmueble rentado en este municipio es a Eugenio Amat de la Fuente, el cual se encuentra ubicado en la calle Vicente Guerrero número 501, colonia Centro, en Cárdenas, y es utilizado como Centro de Procuración de Justicia, por el cual la fiscalía paga 33 mil 125 pesos al mes, al año la cantidad es de 397 mil 500 pesos. En este edificio que consta de dos niveles, tiene en su interior incluso una tienda y un baño al estilo de mercado público abandonado.

En Jalpa de Méndez la Fiscalía General del Estado renta un pequeño inmueble a Ernesto Francisco Martínez Vargas, por la cantidad de 6 mil 843.49 pesos, lo cual representa al año la suma de 82 mil 121.88 pesos, donde se encuentra la Fiscalía del Ministerio Público. Cabe señalar que en la visita de Grilla a estos inmuebles, se observó un letrero que dice “se renta planta alta”, lo cual hace suponer que el segundo nivel no se encuentra ocupado por personal de la fiscalía.

 

Por la bodega del hijo de Juan José Martínez Pérez, director del Instituto Tecnológico de Comalcalco y presidente del Consejo Político del PRD, la fiscalía paga 465 mil pesos mensuales.

Los amigos beneficiados mensualmente, entre ellos, César Raúl Ojeda Zubieta, recibe 39 mil 750 pesos al mes por una casa de dos niveles que renta en Jonuta, la cual funciona como oficina del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, Jorge Javier Priego Solís, obtiene 29 mil 680 pesos mensuales, por el inmueble de la colonia Atasta, donde están las oficinas de Comunicación Social.

Al lado de la notaría pública 22, y al dueño de ésta, paga la FGET 46 mil 370 pesos mensuales por ocupar una construcción de 242.63 metros cuadrados, donde está la subdirección de control de procesos adscrito al Tribunal Superior de Justicia.

En Comalcalco la FGE renta un edificio en Villa Tecolutilla, que consta de dos niveles, con una superficie total de construcción de 144 metros cuadrados, por la cantidad de 13 mil 250 pesos mensuales.

En Cárdenas la FGE rentados inmuebles; uno en la colonia Infonavit Loma Bonita, por el cual pagan 2 mil 968 pesos mensuales, y el otro, en la colonia Centro, propiedad de Eugenio Amat de la Fuente, quien recibe 33 mil 125 pesos al mes.

En Jalpa de Méndez la Fiscalía General del Estado renta un pequeño inmueble por la cantidad de 6 mil 843.49 pesos, lo cual representa al año la suma de 82 mil 121.88 pesos.