lunes, 19 noviembre, 2018
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Médicos y enfermeras padecen persecución judicial, un año después de las denuncias por desabasto de medicamentos y falta de insumos en hospitales.

Quejas ofenden a gobierno de Chiapas

Redacción

 

En 2016, trabajadores del sector salud de Chiapas comenzaron con movilizaciones y protestas por las malas condiciones de trabajo, entre ellas, falta de medicamentos e insumos. Fue en 2017, que tras la instalación de un campamento de cinco enfermeras al exterior del Hospital de la Mujer Doctor Rafael Pascacio Gamboa, en Tuxtla Gutiérrez, se firmaron dos minutas de trabajo con la representación del gobierno de Manuel Velasco Coello.

 

Acuerdos “al viento”

Las cinco enfermeras, apostadas afuera del hospital, hicieron dos huelgas de hambre; la primera de 10 días, y la segunda duró 23. En ese tiempo, ellas exigían la restitución del puesto de trabajo, sin represalias por haberse manifestado. Derivado de ello, llegaron a acuerdos en los que el gobierno se comprometía a cumplir con las demandas.

Ahora los afectados señalan que el gobierno de Manuel Velasco Coello no sólo no cumplió, sino que usó esas minutas y las anexó como pruebas en denuncias penales contra ellos, por el delito de motín. Por ello fue detenido Límbano Domínguez Alegría, trabajador del sector y esposo de una de las enfermeras que se mantuvo en huelga de hambre, quien después de la presión ejercida con los medios de comunicación y los amparos, salió libre.

 

 

Piden frenar persecución

María de Jesús Espinosa de los Santos, una de las enfermeras, comentó que desde el 27 de diciembre (2017), la Secretaría de Salud interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y médicos y enfermeras empezaron a ser acosados judicialmete, que han debido movilizarse en busca de refugio, incluso en otros estados.

Médicos y enfermeras, acompañados del abogado Miguel Ángel de los Santos Cruz, pidieron al gobernador Manuel Velasco Coello frenar la persecución judicial,  no criminalizar la protesta social y reinstalar en sus puestos a trabajadores despedidos de los hospitales por denunciar el desabasto de medicinas y la falta de insumos.

 

Para evitar las detenciones arbitrarias de las autoridades, médicos y enfermeras se han amparado ante la justicia federal; en todos los casos, los trabajadores han sido señalados por el delito de motín, “un delito a todas luces con un origen de tipo político”, dijo el abogado De los Santos Cruz.

 

 

En enero de este año, el centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y así como los médicos y enfermeras, realizaron una conferencia de prensa, cuando aún estaba preso Límbano Domínguez en el penal El Amate, en el municipio de Cintalapa, para exigir su liberación y la cancelación de las órdenes de aprehensión de otros dirigentes.

 

Pedro Faro Navarro, director del Frayba y las enfermeras Modesta Ramírez Saldaña y Ema Escobar López, aseguraron que las acciones judiciales constituyen “la criminalización de la protesta y una persecución política en contra de trabajadores de salud que en abril del año pasado realizaron una huelga de hambre de 23 días para exigir el abastecimiento de medicamento en diversos hospitales y el pago de salarios y prestaciones, entre otras demandas”.

El doctor Víctor Hugo Zavaleta Ruiz y la enfermera María de Jesús Espinosa de los Santos, estuvieron acompañados del abogado Miguel Ángel de los Santos Cruz, durante la denuncia efectuada hace unas semanas por la persecución que los ha obligado a refugiarse con familiares y amigos.

 

El abogado comentó que señalar a los trabajadores de la Salud del delito de motín “sólo exhibe el estado de represión en la entidad contra quienes se atrevan a manifestar su inconformidad contra las autoridades estatales”.