sábado, 5 diciembre, 2020
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Acallaría Ley de Seguridad protestas contra Pemex

Por Yair Dessalines

@YairDessalines

 

A través de la fuerza militar, el encarcelamiento de líderes y la intimidación justificada en la nueva Ley de Seguridad Interior, el Gobierno Federal podría desarticular los movimientos que por muchos años han reclamado el pago de afectaciones a comunidades impactadas por la actividad de Petróleos Mexicanos (Pemex) y trasnacionales.

En entrevista con Revista Grilla, la representante legal de las más de 45 mil familias afectadas por la explosión del Pozo Terra en octubre 2013, Verónica Pérez Rojas, señaló que han comenzado las represiones contra líderes comunitarios que encabezan protestas contra Pemex, como la reciente detención y encarcelamiento de Segundo Pérez en Paraíso, quien lideraba el bloqueo a la terminal marítima Dos Bocas.

Semanas antes, Santiago Méndez fue recluido en el municipio de Comalcalco por dirigir otra protesta de afectados. “Sí hay cacería de brujas hacia los líderes en este momento, disfrazadas por demandas de empresas, aunque sabemos que hay una línea directa de este gobierno que busca desarticular todas las protestas contra Pemex ante un nuevo boom petrolero”.

Pérez Rojas comentó que con el apoyo del gobierno estatal, las autoridades federales están aplicando de manera inmediata la nueva Ley de Seguridad Interior que entró en vigor el pasado 22 de diciembre, para amedrentar a comunidades indígenas que históricamente han sido pisoteadas por el Ejército.

Sin embargo, advirtió del riesgo latente de un nuevo levantamiento social de comunidades de diez municipios, que se sienten traicionadas principalmente por el actual gobierno estatal.

“Esperaban más del gobierno estatal; que fuera intermediario ante Pemex y se pudiera atender el reclamo de las comunidades. Sernapam se ha convertido en abogado defensor de Pemex, es un amasiato vergonzoso entre Pemex y el gobierno estatal”.

Indicó que resulta ofensivo escuchar al secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, cuestionar a cuenta de qué los pobladores tienen que ser indemnizados, cuando son las comunidades las que han sufrido el impacto ecológico y ambiental, en el saqueo de toda la riqueza del subsuelo de Tabasco.

Conocedora del riesgo que implica actualmente cerrar una instalación petrolera, la activista indicó que se si bien han reculado un poco por las nuevas medidas que impone la Ley de Seguridad, las protestas que realicen en un futuro tendrán que ser acordadas por todas las comunidades indígenas, sin poner en riesgo a los pobladores.

Adelantó que este año debe definirse la demanda interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR) con resolutivo a favor de los afectados, luego que el dictamen concluyera que la mayoría de las viviendas de las comunidades están en condiciones de riesgo.

Aunque de 2013 a la fecha Pemex ha realizado 90 obras comunitarias en Jalpa de Méndez y Nacajuca (parques, domos, calles, carreteras), Pérez Rojas precisó que la principal demanda es el apoyo a la vivienda a través de un programa de reconstrucción con materiales y no precisamente dinero a la mano.

Medida inconstitucional: Abogado

De acuerdo a Sergio Antonio Reyes Ramos, integrante de la Barra Tabasqueña de Abogados, en Tabasco la Ley de Seguridad Interior tendrá una repercusión directa en las protestas contra Pemex.

Detalló que al cerrase una instalación petrolera, una vía de acceso, un pozo, incuso la propia Pirámide de Pemex, de acuerdo a la nueva ley  estaría justificada la intervención del Ejército.

“Esta ley viene a crear una hipótesis de que si a juicio del Presidente o del Ejército hay un riesgo o amenaza a la seguridad interior del país, pueden intervenir en cualquier parte del país y suspender garantías, incluso subordinar a las autoridades del lugar”, explicó.

Si bien en Tabasco son comunes las protestas políticas, insistió que el riesgo de violentarse derechos está en las protestas contra Pemex.

Explicó que la Ley de Seguridad Interior  contraviene  la Constitución Federal en su Artículo 21, donde cita que las autoridades civiles son las responsables de las policías, investigación y sanción de los delitos, y del artículo 129 donde señala que el Ejército no puede hacer tareas que no sean militares, además dejar claro en qué momento se puede hacer una declaratoria de excepción.

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

Es una ley que regula las acciones de las autoridades federales y locales para intervenir  en un estado o municipio, ante una amenaza específica que ponga en riesgo al país.