lunes, 20 mayo, 2019
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Los legisladores avalaron el dictamen con el que el Gobierno federal busca generar ahorros al gasto público; PAN, PRI, Verde y MC votaron en abstención por ‘desconfianza’ a Morena

Aprueban en San Lázaro en comisiones Ley de Austeridad

CIUDAD DE MÉXICO

Al filo de la media noche, este lunes los diputados aprobaron en comisiones la Ley de Austeridad Republicana que convierte en mandato legal el compromiso de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador de generar ahorros sobre el gasto público.

El dictamen abre la puerta para que los contratos del gobierno suscritos con empresas nacionales o extranjeras sean nulos si fueron “otorgados mediante el tráfico de influencias, corrupción o que causen daño a la Hacienda Pública”.

“La nulidad de dichos contratos sólo se podrá declarar por la autoridad judicial competente. Los encargados del control interno o de la fiscalización de cada ente público, iniciará los procesos correspondientes para sancionar a los responsables y resarcir el daño ocasionado de acuerdo con la legislación aplicable”, señala el dictamen.

La Ley de Austeridad, que a su vez reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica General del Congreso y la Ley del Servicio Exterior, fue votada con 42 a favor, 18 abstenciones.

El PAN, PRI, Verde y MC votaron en abstención porque, indicaron, están a favor de la austeridad, pero no confían que Morena no vaya a meter reservas en la votación del Pleno que cambien la esencia del presente dictamen.

La reforma también estipula que ningún funcionario de la federación podrá recibir a costa de recursos públicos seguros privados, evita la creación de más plazas para ir en contra del engrosamiento burocrático y prohíbe las pensiones de los expresidentes.

Además, quita escoltas y vehículos blindados a los servidores públicos, con excepción de los servidores con alta responsabilidad en materia de seguridad, defensa exterior, impartición y procuración de justicia.

Prohíbe realizar viajes que no sean “estrictamente necesarios”, así como la compra de boletos de primera clase, así como restringe el uso de vehículos aéreos del gobierno a sólo uso por seguridad, protección civil y traslado de enfermos.