sábado, 5 diciembre, 2020
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El objetivo es impedir que los servidores públicos se beneficien electoralmente de su acceso a los recursos del Estado

Blindan programas sociales en tiempos electorales

CIUDAD DE MÉXICO

Los programas sociales están protegidos ante el desarrollo del proceso electoral de este año, para evitar su uso indebido por parte de servidores públicos, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Eviel Pérez Magaña.

El funcionario encabezó este jueves la firma del Adendum al Convenio de Colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

El blindaje electoral es un tema que nos tomamos muy en serio, porque es una obligación normativa y por la cercanía que tenemos con diversos sectores de la población en todo el territorio nacional.

Estamos obligados a cuidar estos avances democráticos, y de ahí la importancia de los esfuerzos que realizamos para que el proceso electoral de este año sea un acontecimiento ejemplar, transparente y apegado a derecho”, indicó el Pérez Magaña.

En la firma del Adendum participaron el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales y Encargado de Despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán; la titular de la SFP, Arely Gómez González; el responsable de la Fepade, Héctor Marcos Díaz Santana, y el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

En la reunión celebrada en la sede de la Sedesol, Gómez González destacó el compromiso para fortalecer la participación de la Contraloría Social en la vigilancia de recursos públicos etiquetados para programas federales de desarrollo social.

Indicó que hasta el año pasado las dependencias de la Administración Pública Federal tenían constituidos más de 78 mil comités de Contraloría Social, en 34 mil localidades de las 32 entidades federativas.

Córdova Vianello afirmó que el documento firmado es un compromiso de las instituciones para impedir que los servidores públicos se beneficien electoralmente de su acceso a los recursos del Estado y evitar que los programas sociales se conviertan en una fachada para encubrir intereses partidistas o personales.

El Adendum incluye acciones de vigilancia y supervisión encaminadas a que ninguna persona condicione la entrega de recursos y apoyos a cambio del voto.

También establece el acompañamiento en el resguardo de inmuebles y parque vehicular los días previos a la jornada electoral, así como las acciones de capacitación en materia de blindaje electoral y causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos.