sábado, 26 septiembre, 2020
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El programa, que vino en decadencia, estará vigente hasta el 31 de diciembre.

Casa Amiga, botín del voto político

Francisco Olán
@jf_olan

Desconfían antiguos legisladores

A decir del exdiputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Manuel Lizárraga Pérez, el programa se creó para tener un voto cautivo y fue poca la preocupación para apoyar a la ciudadanía.

De las 367 mil 031 personas que viven en zonas prioritarias en la entidad, solamente 14 mil 728 fueron beneficiadas. Algunos incluso familiares o amigos de las autoridades encargadas de asignar el beneficio.

“Previo al 1 de julio, en el tiempo que estuvimos en campaña, hubo reclamo de la gente en Emiliano Zapata, Jonuta y Macuspana; que el mismo delegado municipal le daba a su propia familia, y no a los que realmente lo requerían o que estuviera en pobreza extrema”, manifestó.

Beneficio a cuenta gotas

El programa de “Casa Amiga” se creó en el marco del Plan Estatal de Desarrollo para el Estado de Tabasco 2013-2018 (PLED). Y en los últimos cuatro años, la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol) destinó un monto mayor de 114 millones 033 mil 330.38 pesos para la construcción de 3 mil 682 casas en diferentes municipios de la entidad.

En el municipio de Centla hay 321 familias beneficiadas con el programa, en Jonuta 305, Tacotalpa 255 familias, por mencionar algunos municipios. Pero es una minoría, en Centla hay 29 mil 930 personas que viven en zona prioritaria, en Jonuta mil 100 y en Tacotalpa 2 mil 921.

Otras de las 198 Zonas de Atención Prioritarias Urbanas (ZAP), se encuentra Balancán, con 6 mil 859 personas; Centro, 57 mil 191; Comalcalco, 35 mil 328; Cunduacán, 20 mil 163; Cárdenas, 89 mil 474; Emiliano Zapata, 4 mil 472; Huimanguillo, 38 mil 293; Jalpa de Méndez, 10 mil 587; Macuspana, 19 mil 266; Nacajuca, 15 mil 631; Paraíso, 3 mil 210; Teapa, 5 mil 496 y Tenosique con 27 mil 110 personas.

Además de beneficiar a un grupo minoritario, la construcción de las viviendas violó las reglas de operación al otorgarse subsidios mayores a los 84 mil pesos. Algunas casas costaron hasta 139 mil pesos, con base en información otorgada por Sedesol estatal a Revista Grilla mediante la vía de transparencia.

Mala planeación

Al respecto el exdiputado priista Jorge Lazo Zentella, dijo que el programa no aportó las condiciones necesarias para lidiar la necesidad de viviendas, porque faltó planeación, proyección adecuada y en consecuencia, no se logró cumplir con los objetivos planteados.

“Debió haberse optado por un nuevo asentamiento, un nuevo núcleo de población, donde se pudiera dirigir los servicios municipales. Cuando no hay un sistema para asignar las casas y lo haces en una condición de entregar por entregar, en muchas ocasiones se presta a malos manejos” expresó.

En este sentido, el exdiputado también priista Cesar Augusto Rojas Rabelo, consideró que el programa de “Casa Amiga”, la debió haber desarrollado el propio Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab), porque esa es su función, no la Secretaría de Desarrollo estatal, como se ha hecho.

“Desde un principio de su concepción tiene un tinte político, porque si fuera una política pública del gobierno, en materia de vivienda quien se ocupa es el Invitab, pero toman la decisión que lo lleve una secretaría. Desde ahí se veía que no estuviera bien”, opinó.

Indefendible

Por su parte, el exdiputado perredista José Atila Morales Ruiz, enfatizó que fueron los recortes presupuestales y el amiguismo lo que no permitió que se cumpliera con los objetivos del programa Casa Amiga.

“Se hizo un planteamiento para ayudar a la gente, pero se quedó a medio camino. No se cumplió con el objetivo. Lo que pasa es que con los recortes presupuestales que hubo en el país, el desempleo y todo, por eso no se cumple”, refirió.

Cabe señalar que Sedesol recibió del 2015 al 2017 entre los 137 y 165 millones de pesos anuales a través del Presupuesto Autorizado a Tabasco y de 175 a 204 millones de pesos mediante el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, ambos recursos federales para construcción de infraestructura. Dichos montos no fueron aplicados en su totalidad para la construcción de viviendas.