martes, 22 septiembre, 2020
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Conflicto interno exhibe negro historial del titular de la Comisión de Atención a Víctimas en Guerrero

CHILPANCINGO. Gro. (apro).- La crisis política del gobierno de Héctor Astudillo Flores reventó por lo más débil, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav), donde un conflicto entre los comisionados que se dirimió a punta de pistola, exhibió el negro historial del presidente del organismo, José Luis Gallegos Peralta.

En contraste, el gobernador Astudillo ha hecho mutis sobre la situación de la Ceeav, que refleja el perfil de su gabinete, el cual se ha fincado en el compadrazgo y los señalamientos constantes de presuntos actos de corrupción.

En diciembre de 2014, Apro dio a conocer que los integrantes de la LX legislatura local rechazaron la propuesta planteada por el interino Rogelio Ortega, en el sentido de designar a Gallegos Peralta como titular de la Fiscalía General del estado (FGE), porque el litigante porteño tiene en su contra seis averiguaciones previas por diversos delitos del fuero común.

Documentos oficiales difundidos en ese entonces, indican que Gallegos Peralta aparece en calidad de “inculpado” en seis averiguaciones previas, la primera de las cuales fue radicada el 17 de octubre de 2003 bajo el expediente AZUE/SC/0582/2003, por el delito de despojo.

La segunda (TAB/SC/06/0340/2005) fue presentada el 30 de junio de 2005 por el delito de falsificación y uso indebido de documentos, y la tercera el 12 de diciembre de 2006 por el delito de fraude procesal, registrada bajo el expediente TAB/CAZ/06/0727/2006.

El 21 de febrero de 2013 se presentaron de manera simultánea tres denuncias penales más contra el entonces aspirante a encabezar la Fiscalía General del estado, por los delitos de falsificación de firmas, uso de documentos falsos y simulación de pruebas. Las imputaciones fueron consignadas en una sola averiguación previa, TAB/CAZ/05/113/2013, según el reporte oficial.

No obstante, dos años después -en enero de 2016-, los diputados de la actual legislatura local (LXI), olvidaron estos antecedentes y designaron por unanimidad al abogado de negro historial, José Luis Gallegos Peralta como presidente de la Ceeav.

De esta manera, el litigante acusado de fraude y despojo se convirtió en el representante del gobierno de Astudillo para atender uno de los temas más sensibles que enfrenta esta administración: el viacrucis que viven cientos de familiares de personas desaparecidas en la entidad.

El mérito de Gallegos Peralta, además de ser recomendación directa de Astudillo, es que se desempeña como apoderado legal de la notaria 19 del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado y también se desempeña como asesor jurídico del hospital de Cancerología de Acapulco que dirige el médico sin cédula profesional en oncología, Jorge Eblem Azar Silvera, indicaron fuentes oficiales.

El conflcito

La actitud de Gallegos al frente de la Ceeav desató una serie de problemas con los otros dos comisionados que conforman el organismo: Javier Morlet Macho, quien se desempeñaba como subsecretario de Coordinación, Enlace y Atención a Organizaciones Sociales del gobierno de Astudillo y María Elena Jaimes Martínez, recomendada del secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame.

El manejo discrecional de los recursos públicos fue el origen del conflicto, explicó en entrevista Morlet Macho, quien afirmó que Gallegos convirtió su despacho particular en el puerto de Acapulco como oficinas de la Ceeav “con cargo al erario”, además de habilitar como trabajadores del organismo público descentralizado a su personal que litiga asuntos particulares.

Los comisionados de la Ceeav acordaron junto con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, asignarse un salario de 60 mil pesos mensuales con un fondo revolvente de 25 mil pesos adicionales y 15 mil pesos más por concepto de viáticos.

“Pero Gallegos se autoasignó 50 mil pesos más como sueldo adicional y monopolizó de manera unilateral todas las actividades operativas y financieras de la Comisión”, expresó Morlet.

Estas irregularidades fueron denunciadas en su momento ante el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, a los diputados locales, así como al área de Finanzas y la Contraloría interna del gobierno estatal pero ninguna autoridad intervino para revertir la situación, refirió Morlet.

Por ello, Gallegos comenzó a presionar a los dos comisionados para que renunciaran y en días pasados la comisionada María Elena Jaimes sucumbió y su mentor Salazar Adame la colocó de inmediato en otra área de la secretaría de Gobierno.

La deteriorada situación laboral al interior de la Ceeav reventó públicamente el pasado jueves 6 cuando escoltas armados de Gallegos, expulsaron a punta de pistola a Morlet Macho de las oficinas del organismo, ubicadas al sur de esta capital, una casa propiedad del gobierno estatal que se encuentra en la colonia Burócratas.

Al día siguiente, viernes 7, el comisionado Morlet Macho acudió a la FGE donde interpuso una denuncia por el delito de tentativa de homicidio y amenazas de muerte en contra del presidente de la Ceeav, José Luis Gallegos Peralta, que fue ratificada ante la Comisión estatal de derechos humanos.

Hasta el momento, el gobierno estatal no ha emitido una postura pública sobre la crisis que enfrenta la Ceeav y que exhibe el desinterés de Astudillo frente al tema de las víctimas de la ola de violencia que se vive en la entidad que ha dejado una incuantificable estela de homicidios y desaparecidos.