martes, 27 octubre, 2020
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“Pepe Toño” y “Cuco” se burlan de la justicia, del pueblo y de la ley al no remover del cargo al edil de Macuspana, pese a la larga lista de quejas en su contra.

Desacato Judicial; el congreso no resuelve

POR IGNACIO RÍOS

@NachoRios1

 

Dos solicitudes de separación del encargo por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, una amonestación pública del Congreso por deshonrar a los héroes, otra solicitud de separación y auditoria en su contra de la mitad del cabildo por desinformación, simulación y sobre-ejercicio de gobierno y una cuenta pública municipal reprobada a su espalda, convierten a José Eduardo Rovirosa Ramírez alías “Cuco”, en el emblema de la impunidad en Tabasco.

Y lo peor: exhiben al Congreso de Tabasco -encabezado por José Antonio de la Vega- a un año de las elecciones a la gubernatura y Presidencia de la República como cómplice de la impunidad, en contra de la Ley Anticorrupción recién aprobada, secuestrado por intereses políticos y coparticipe de la violación a los mandatos judiciales.

La representación popular emanada del voto ciudadano, hasta el momento, no ha procedido siquiera a enviar a Comisiones Legislativas los mandatos de la autoridad laboral; el congreso también ha desacatado los llamados.

 

Obstrucción a la ley

Tras 10 notificaciones y desobediencia a la autoridad, a mediados del 2016, el presidente del TCA, José Alfredo Celorio Méndez, envió al Poder Legislativo, el oficio TCA-P-169-2016 mediante el cual comunica la decisión del pleno de magistrados para que el edil sea separado del cargo.

¿La razón? Omisión para cumplir, previo amparo indirecto 1889/2014–VII, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito, que concede la protección de la justicia federal a quejosos por un laudo laboral que asciende a un millón de pesos. El fallo quedó firme y se ignora su paradero.

Ahora, nuevamente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) envió al Congreso del Estado solicitud de suspensión temporal de sus funciones a José Eduardo Rovirosa Ramírez, alcalde de Macuspana, por el desacato al cumplimiento de pago de expedientes laborales sancionados por esa autoridad. El 3 de julio de 2017, el magistrado presidente del TCA,  José Alfredo Celorio Méndez, dio a conocer la resolución administrativa con carácter de irrevocable, en tanto no sea satisfecha; y nuevamente la solicitud ha quedado encajonada, sólo da a conocer su entrada y de ahí, como en Siberia: Permanece congelada.

En una orientación sobre el tema, el director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, Joel Alberto García refirió que es la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales es quien deberá analizar si existe fundamento para separar a “Cuco” Rovirosa por el incumplimiento en el pago de laudos a ex trabajadores.

“En lo personal no estoy informado de su ocurso. Por trámite llega a la Secretaría General, de ahí se presenta en la Permanente o en el Pleno según sea su caso, y se envía a comisiones, en este caso de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que esta, en base al artículo 11 otorgue al edil el derecho de audiencia”.

Es decir, en función de la correspondencia, Cuco llegaría, como la Ley establece, a comparecer al Congreso. Empero, ni el primer requerimiento del Tribunal de Conciliación Administrativo, fue atendido por el Congreso.

Las dudas en su entorno llaman la atención: Cábala, impunidad o sobre proteccionismo político en favor del alcalde priísta a cambio de su declinación en el 2018 ¿Por quién?

Cola larga y retorcida

Rovirosa Ramírez está involucrado en un falló que le ordena devolver el predio al predio con superficie de 9 mil 594.46 metros cuadrados que despojó (a la señora Thelma García Falcón) durante su primer gobierno (2000-2003) para construir el parque recreativo “El Macuco”. Ahí se habría invertido 18 millones de pesos.

De acuerdo al fallo del juicio 445/2010 el punto cuatro de la demanda señala: “En consecuencia, se condena al demandado H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco, o por quien legalmente lo represente, a desocupar y entregar los inmuebles que fueron motivo del juicio en que nos ocupa”.

A este juicio, la parte demandante promovió la reparación de daño por 25 millones de pesos. El alcalde pese al resolutivo, se resiste a hacer entrega del predio; caso que se acumula.

A esto se suma su cuenta pública reprobada en el 2003 por la LVIII Legislatura, por observaciones sin solventar del orden de los 490 mil 555 pesos y 12 proyectos de inversión con observaciones pendientes por un millón 992 mil 924 pesos.

Y el extrañamiento (reclamo, exhibición pública, sólo de voz), con 34 votos a favor y una abstención, por adulterar la ceremonia del “Grito de Independencia” en aquella demarcación con arengas a su persona.