sábado, 5 diciembre, 2020
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La nueva administración de Centro descubrió que, en tiempos electorales, se pagó a 435 aviadores con recursos públicos.

Descaro de ediles; a investigación mapaches de Gaudiano

Por Ignacio Ríos
@NachoRios1

Sin cuerpo –cadáver-, no hay delito -qué perseguir-. Y aunque hay 435 presuntos nombres (de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal), son innombrables.

Esa reserva para desenmascarar a los presuntos responsables de un gran saqueo al municipio de Centro, proviene del equipo del nuevo alcalde, Evaristo Hernández Cruz. “Sí tenemos la lista, pero entiendan que la ley no nos permite divulgar porque sería una defensa para ellos”. Eso lo dice la administración que llegó agobiaba y a trabajar.

Del otro lado, así se pitorrea Gerardo Gaudano Rovirosa, Casilda Ruiz Agustín, la Contralora y hasta el titular del OSFE: Pagamos suministro y dejamos 250 millones de pesos. No quedamos a deber nada, dicen, en lo que literalmente sería el beneficio a un gobierno matriarca.

Desde el 1 de julio, cuando en el triunfo aplastante de Adán Augusto López Hernández, el derrotado no le reconoció al gobernador electo “la pisoteada electoral” que le dio, se sobreentendió que con el edil electo la situación sería peor. Y así fue… Todo el proceso que siguió y de que los tabasqueños están hartos e impávidos que hasta sospechan complicidad.

Fue una burla completa, una mapachería electoral, una complicidad financiera y ahora un reconocimiento tácito de lo que significa en toda la extensión de la palabra -y su exoneración- a falta de poder aplicar una sanción a delito alguno: impunidad.

Se mofaron en aplicar y “desinhibirse” no sólo del gobernador Arturo Núñez a quien –ya como candidato a suplirlo en la gubernatura—osó “El Jefe Gerónimo” causi considerarlo decrépito, sino también a vanagloriarse de que la demanda que interpuso Adán Augusto López Hernández, no significaba más que una “patada de ahogado”. “El vactor´Gates”, al joven candidato, le hizo “lo que el viento a Juárez”.

Se sumó el anuncio de la detección de las plantas de agua potabilizadoras amén de no ser “desinfectadas y tratadas”, suministraron agua sin “químicos”; mínimo, era para que el supuesto Órgano Superior de Fiscalización (OSFE) del Congreso del Estado interviniera, pero ni una toma de nota. Intervino el congresista Nicolás Bellizia para hacer su denuncia ante la CEDH; el Congreso lo imputó, sin denunciar, la prensa, radio y televisión, le exhibieron.

Aviadores se llevaron 84 millones

El 30 de noviembre, en rueda de prensa, directores de Finanzas, Programación y Administración del Ayuntamiento de Centro confirmaron haber encontrado en la nómina a 465 personas “que cobraban 6 mil pesos al mes sin trabajar; robos de vehículos y dinero en efectivo sin esclarecer, además de diversas anomalías administrativas que se suman al hallazgo de un déficit financiero que hasta el momento asciende a 84 millones de pesos”.

En esa denuncia, Carlos Gutiérrez Franco, director de Finanzas; José Marcos Quintero Buendía, director de Programación y Blanca Regina Pedrero Noriega, directora de Administración, expusieron las irregularidades descubiertas que ya están documentadas para su canalización a las instancias correspondientes, dijeron.

Era el preámbulo de una indagación alterna de Revista Grilla, porque la editorial recibió la dispensa de la directora de Comunicación Social, Teresa Oramas, de reservar los documentos, ya que serían parte de “las respectivas denuncias penales”.

Grilla respetó el procedimiento para no entorpecer la “cadena de custodia”, “confidencialidad de la información”, “integridad de las pruebas”, empero, sí logró corroborar que de enero a junio la nómina municipal sufrió un incremento de 465 personas”.

En año electoral, los programas no urgentes se cancelan, pero más que nada, casi medio centenar de trabajadores fueron contratados sin derecho a servicio médico, con un currículo de soporte y credencial de elector no de Centro. Fueron asignados a áreas saturadas, con jefes determinados, que se reservan por corresponsabilidad de los informes que no se han externado, para proceder a fincar las denuncias de tipo evasión fiscal, delincuencia electoral, daño al patrimonio municipal, asociación delictuosa y posible delincuencia organizada.

A la caza de evasores

De acuerdo a lo que marca la ley, los trabajadores contratados bajo lista de raya, debieron llenar formularios que no completaron, y algunos podrían por los seis meses, ganar su parte proporcional de aguinaldo. Ese uno de los supuestos.

En el segundo, al recibir cada uno sus emolumentos de seis mil pesos, al no pagar el ISR, se vuelve presunción de delito, y que se complica, si en caso de denuncia, la administración entrante, previa denuncia penal y la propia de buena fe, coteja que los recursos provienen de las arcas públicas, las investigaciones dan otro giro. Aunque con una ventaja: Sólo caerían los contratantes, los administradores de las nóminas y los trabajadores eventuales que prestaron sus servicios a sabiendas de cometer un posible delito electoral o ser engañados que actuaban dentro de la ley, siempre y cuando, acudan a audiencia.

Hay una lista también de comunicadores que parten de otras áreas: Secretaría Técnica, Emiliano Barceló; secretaria particular Mario Bustillos, cuyos apoyos van, desde los 3 a los 15 mil. Y Evaristo también abre el pandero: ¡Qué venga la Unidad de Investigación Financiera de la SHCP!

Desapariciones

Carlos Gutiérrez Franco, titular de Finanzas informó que no encontraron los manuales técnicos ni administrativos del software utilizado durante la administración, lo cual es una falta administrativa muy grave. “Esto nos coloca en una gran desventaja porque ahora hay la necesidad de investigar, indagar y esto nos lleva a otra situación financiera de invertir alrededor de 2 millones de pesos en software, licencias, antivirus y en una reingeniería de todos los sistemas informáticos”, admitió.

Otros robitos: localizaron expedientes totalmente irregulares como el de noviembre de 2017 por el robo de una computadora y efectivo por un monto de 20 mil 575 pesos; en abril de 2018 por robo al SAS en efectivo por 126 mil pesos; en septiembre de 2018, robo de un vehículo por la cantidad de 230 mil 400 pesos, cuyo importe total asciende a la cantidad de 377 mil 167 pesos