martes, 29 septiembre, 2020
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Los recursos etiquetados para cuatro programas emergentes de Seguridad Pública se desviaron a dependencias, entre ellas, la Sernapam, que en 2017 recibió 200 mdp, manejados por Ricardo Fitz Mendoza, quien fuera coordinador de campaña de Gerardo Gaudiano. Por Ignacio Ríos

Empréstito malversado; simulación… ¡y más desvíos!

 

SUMARIO:

@NachoRios1

Sí se gastó, no se ve en qué… Sesgo, opacidad, incongruencia, incoherencia y desvíos, permean en el empréstito de 700 millones de pesos, realizado por el Gobierno de Tabasco, etiquetado para la implementación del Programa Integral (Emergente) de Seguridad Pública en el estado.

La rendición de cuentas sigue pendiente y el gobierno que lo solicitó, destinó, comprometió y ejerció… ya se va; los que se quedan embarcados son otros.

El destino del total de los fondos es aún incierto. Las acciones para los que fueron destinados no aparecen. No hay resultados concretos. Se etiquetaron para determinadas acciones y la gran mayoría no se cumplieron, aunque la “información oficial” es que fueron ejercidos en su totalidad.

Del empréstito, todos saben que existió, que el Congreso de Tabasco lo aprobó y Scotiabank Inverlat, lo otorgó. Pero no se ha probado documental ni físicamente la inversión de la totalidad de recursos, se sustentó sólo con una rueda de prensa; caso extremadamente raro.

Ni los policías creen en su ejercicio. Es más, paso a paso, desvirtúan lo “publicitado”. Congresistas actuales desconocen en qué se aplicaron los recursos y porqué el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) no rindió informe especial rumbo a la calificación de las cuentas públicas 2017.

Exlegisladores se fueron con la duda y la mantienen: “Se chingaron la lana”, dijo Chene Lizarraga. “No sabemos en qué paró”: Manuel Andrade.

Mientras, el exhorto presentado -18 de marzo de 2018- por el exdiputado y exgobernador Manuel Andrade Díaz, para que se auditen los recursos otorgados para seguridad, se mantiene en la congeladora.

Empeñaron a Tabasco

De acuerdo a copia del dictamen del Congreso de Tabasco -en poder de Grilla- para que el empréstito, solicitado el 26 de enero de 2017 se diera, compareció el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tabasco, Jorge Aguirre Carbajal, con la finalidad de abundar y disipar las posibles dudas de los integrantes de la Comisión respecto a la solicitud de autorización.

También, “se recibió en la Comisión de Hacienda y Finanzas el oficio número CGAJ/245/2017, signado por el Lic. Juan José Peralta Fócil, Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, por el cual adjunta la información relativa al desglose de los conceptos que integran la totalidad de los recursos solicitados en la iniciativa de fecha 23 de enero del año en curso.”.

Las comparecencias y el documento, se dieron el mismo 14 de febrero de 2017 ante la urgencia de los recursos, sin embargo, fue hasta el mes de agosto de 2018 cuando “se dio a conocer en qué se emplearon los recursos”.

El decreto 078 publicado en el PERIÓDICO OFICIAL de fecha 18 DE FEBRERO DE 2017 N o.-6917 suplemento 7769, reconoce que, con el empréstito por el monto de 700 millones de pesos, las finanzas de Tabasco han quedado comprometidas por un plazo de hasta 10 años. “Las garantías y/o avales, así como fuente de pago del financiamiento: (son) Los ingresos fiscales ordinarios del Estado de Tabasco…”

Los recursos etiquetados para cuatro programas emergentes de Seguridad Pública se desviaron a dependencias, entre ellas, la Sernapam, que en 2017 recibió 200 mdp, manejados por Ricardo Fitz Mendoza, quien fuera coordinador de campaña de Gerardo Gaudiano.
Por Ignacio Ríos

Destino incierto

En el dictamen y también en el decreto, se norma con precisión el destino que debió tener el empréstito autorizado por mayoría calificada de los diputados de la LXII Legislatura.  Fue etiquetado, así como fueron los presupuestos de egresos anuales aprobados por el Congreso. Y sin permiso de ser modificado, aún por la Secretaría de Finanzas.

En ese contexto, de los 700 millones del préstamo bancario, para Rehabilitación y Adecuación de Infraestructura Física para la Seguridad se etiquetaron 279 millones 578 mil 888 pesos con 59 centavos.

Empero, en este rubro hay observaciones de parte de miembros de los cuerpos policiacos y hasta de actores políticos, actuales diputados y los legisladores que aprobaron la deuda pública:

En él se establece (para): Adecuaciones a Centros Penitenciarios y Tutelar de Menores, 35 millones 730 mil pesos; Acciones de adaptación y rehabilitación de espacios en Instalaciones de Seguridad Pública y Academia de Policía, 20 millones 725 mil pesos; y Acciones de Equipamiento y habilitación de espacios para Atención a Víctimas, Rescate y rehabilitación de espacios públicos y del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 204 millones 628 mil 295 pesos con 54 centavos.

Raúl Jerónimo Amaya, director Ejecutivo de Ciudadanos y Policías en Acción A.C., oficial de Policía egresado del Colegio de Policía y Tránsito de Tabasco, 3ra. Antigüedad de Oficiales y perito criminalista, Bilingüe español-inglés, rompe el silencio: “a la Academia de Policía y Tránsito sólo se le aplicó pintura… en el Creset existen obras inconclusas y… el techo del Centro Tutelar se está cayendo”.

El también representante del Movimiento Nacional por la Seguridad y la Procuración de la Justicia que ha participado en varias movilizaciones de policías para reclamar sus derechos, lo resume todo: “Del empréstito sólo se aplicó pintura a las instalaciones, el dinero se destinó a campañas políticas de Tabasco y la Ciudad de México…”, precisa en parte de una extensa entrevista.

Mientras se sobreentiende que de los 204 millones 628 mil 295 pesos con 54 centavos etiquetados para Acciones de Equipamiento y habilitación de espacios para Atención a Víctimas, Rescate y rehabilitación de espacios públicos y del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadano, sorprendentemente 200 millones de pesos fueron transferidos a la Sernapam (en ese entonces 2017) a cargo de quien fuera el coordinador de campaña del candidato del PRD a la gubernatura, Ricardo Fitz Mendoza y de ahí (en mayo del 2018) triangulados al Ayuntamiento de Centro de donde surgió el candidato a la gubernatura del partido en el poder, Gerardo Gaudiano Rovirosa quien dejó la estafeta y se responsabiliza del ejercicio a la alcaldesa sustituta, Casilda Ruiz Agustín.

Todo un engranaje…

Para después darse a conocer que esos recursos transferidos fueron etiquetados para el servicio de suministro y reemplazo de 18 mil luminarias tipo LED para el alumbrado público, en diversas localidades del municipio de Centro, Tabasco, mediante una controvertida licitación que fue adjudicada a la empresa regiomontana ROCAVA S.A. de C.V, mediante un costo de 171 millones.

Es decir, suponiendo sin conceder haya sido la mejor opción, se empleó la totalidad de los recursos de un solo programa únicamente para uno de los 17 municipios con problemas de inseguridad y en una acción de inhibición del delito de pocas horas por día.

De los 29 millones de pesos restantes se desconoce su destino. La asignación y el proceso de licitación y su ejecución aún sigue siendo cuestionada. Las luminarias, en varias zonas, presentan fallas. No se ha concluido ni hay pruebas de la totalidad de instalación.

Recientemente, el gobernador electo Adán Augusto López Hernández, abordó el tema de la corrupción en la obra pública de Tabasco e ironizó “los padrinos de los moches en Tabasco ahora se dan golpes de pecho, mejor que nos expliquen los asuntos de los Vactor, los negocios de los hermanos, las licitaciones de lámparas, el destino del crédito de 200 millones de pesos para luminarias…”.

Unos miraron como destinatario al Senador Juan Manuel Fócil Pérez y al candidato perdedor Gerardo Gaudiano y la exalcaldesa, sin fuero, Casilda Ruiz Agustín.

Así va el saldo…

Del empréstito, también se programaron otras acciones de las que en rueda de prensa (miércoles 29 de agosto, en el Salón José Gorostiza de Palacio de Gobierno), el titular de la Secretaría de Gobierno, Rosendo Gómez Piedra, y el Fiscal General del Estado, Fernando Valenzuela Pernas, así como Juan Carlos García, de la Sernapam, se hicieron responsables del ejercicio.

El empréstito de 700 millones fue contratado con tasa de interés de 8.99% (si fuera un diez por ciento serían 70 millones anuales y en diez años el pago sería casi el doble) y así fue distribuido: Fiscalía General del estado (FGET) 101 millones 114 mil pesos; Secretaría de Gobierno 165 millones 77 mil pesos; Secretaría de Seguridad Pública 233 millones 807 mil 600 pesos; la Sernapam 200 millones de pesos.

Y en el dictamen, se especifica para qué se utilizaría, además de los conceptos antes descritos: Sistemas de información y Bases de Datos, Equipamiento para el almacenamiento, video-vigilancia y análisis de información, Equipos de radio y telecomunicaciones seguras, Equipos de cómputo y procesamiento de información, entre otros y así, detallados los rubros, y precisa que el Sistema Penitenciario está considerado también dentro del proyecto, para modernizar y fortalecer muros perimetrales, iluminaciones y torreones de vigilancia, además de construir un módulo de mediana seguridad para secuestradores en el Creset, que reduzca el potencial de eventos delictivos generados dentro de las instalaciones penitenciarias…

Los recursos etiquetados para cuatro programas emergentes de Seguridad Pública se desviaron a dependencias, entre ellas, la Sernapam, que en 2017 recibió 200 mdp, manejados por Ricardo Fitz Mendoza, quien fuera coordinador de campaña de Gerardo Gaudiano.
Por Ignacio Ríos

Antes de terminar de leer el ambicioso proyecto de inversión para mejorar la Seguridad Pública en Tabasco que fue aprobado y por el cual se dieron los 700 millones de pesos, el egresado de la policía Jerónimo Amaya, resume: No. El módulo para secuestradores no se construyó. Y se entregaron algunas patrullas y armamento, pero, que ya habían sido compradas con anterioridad al empréstito… No. El préstamo no se ve.

Y en el Congreso del Estado, el coordinador de los diputados del PVEM, José Manuel Sepúlveda, ha subido a tribuna y propuesto a sus compañeros, al ser aprobada la eliminación del fuero de los diputados, presidentes municipales y al gobernador de Tabasco: “Los recursos se justificaron por el incremento de la incidencia delictiva, sin embargo, Tabasco se encuentra en los primeros lugares de inseguridad. No basta con aprobar el desafuero, sino también hay que aplicarlo. Empecemos por investigar qué pasó con el empréstito”. Los perredistas tragaron saliva.

“Se usó para campañas políticas”

– No, no se construyó. No existe.

– ¿Pues qué pasó con el préstamo?

– Tal como lo expresan los documentos que fundamentaron la autorización de este empréstito, el Gobierno del Estado de Tabasco lo etiquetó como un asunto prioritario y urgente para ser aplicado en uniformes y equipo, mejoras de instalaciones y capacitación, todo esto en el rubro de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. A los elementos policiales que pedían mejoras salariales se les informó que ese recurso estaba etiquetado para los conceptos antes mencionados y no se podía emplear en salarios.

– ¿Y luego?

– En realidad se desconoce dónde se aplicaron esos recursos, ya que a la Academia de Policía y Tránsito sólo se le aplicó pintura, en el Creset existen obras inconclusas, el techo del Centro Tutelar se está cayendo.

– ¿Y qué hay de los chalecos, unidades y armas?

– Entregaron algunas patrullas y armamento que ya habían sido compradas con anterioridad al empréstito, en síntesis, sólo se aplicó pintura a las instalaciones, el dinero se destinó a campañas políticas de Tabasco y la Ciudad de México.

Las palabras no provienen de cualquiera, Raúl Jerónimo Amaya, Director Ejecutivo de Ciudadanos y Policías en Acción A.C, es un oficial de Policía egresado del Colegio de Policía y Tránsito de Tabasco, 3ra. Antigüedad de Oficiales y Perito Criminalista, bilingüe español-inglés, reconocido por la propia secretaría de Seguridad Pública como interlocutor.

“No podemos silenciar ni ocultar lo que es una inconformidad y reclamo entre los elementos”, dice.

Congreso desinformado del empréstito

Mujer madura esposa del exdiputado Álvaro Castro Marín, Julia Pardo Contreras responde que no es una diputada de adorno y por ende, el tema del empréstito de seguridad pública tiene que ser revisado “para salir de la duda”.

Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, la legisladora postulada por Morena, reconoce que el órgano colegiado que preside no tiene algún informe, ni normal ni especial, del crédito para fortalecer la seguridad. “Y no sabemos si está integrado en la cuenta pública de 2017”.

Reitera que debe ser la Primera Comisión Inspectora de Hacienda y sus integrantes quienes estén pendientes de las observaciones que lleve la cuenta del Poder Ejecutivo, en el rubro de Seguridad.

Aunque adelantó haber sido convocada por el fiscal del Órgano Superior, Alejandro Álvarez González, para que le informe sobre el tema; “Si los recursos para seguridad fueron mal utilizados, tengan por seguro que habrá sanción, no se tolerará desvío alguno”, sentenció.

Congelada, comparecencia de Carbajal

Hace un mes, el 13 de septiembre, el diputado Luis Ernesto Ortiz Catalá, integrante de la fracción parlamentaria de Morena, propuso la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Jorge Alberto Aguirre Carbajal, para que explique la manera en que se emplearon los 700 millones de pesos del empréstito autorizado por el Poder Legislativo para el Programa Emergente de Seguridad Pública.

Los asistentes y la prensa de testigo se sorprendieron, era la primera llamada “a misa” que se hacía en la nueva legislatura a funcionario nuñista.  Sorprendió que incluso fue nota, llamados y cintillo en portada de diarios, pues en esa misma sesión, la también morenista, Ena Margarita Bolio Ibarra solicitó la comparecencia ante el Pleno de la LXIII legislatura, del titular de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM), Juan Carlos García Alvarado, no por las luminarias, sino por la contaminación en la zona de manatíes.

Catalá dijo que el empréstito tenía como objetivo combatir la inseguridad, pero a la fecha no se han reducido los índices delictivos, lo que era exigible que rinda un informe pormenorizado del ejercicio y “del resultado del costo beneficio de haber garantizado las participaciones federales de Tabasco”.

La propuesta fue turnada por el secretario de Asuntos Parlamentarios, heredado del gobierno nuñista, a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas. Y se repite la historia, sigue un mes y contando, en “la congeladora”, como en el pasado reciente…