miércoles, 30 septiembre, 2020
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De repente creemos que la autoridad hace un buen trabajo cuando cumple con la legalidad, pero ello no lo es todo, hay mucha injusticia, afirma el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro Calcáneo Arguello

“En materia de derechos humanos, a veces la legalidad es insuficiente”

 

 

 

Por: Mariel Arroyo

 

Tabasco vive una segunda etapa en materia de Derechos Humanos. Hace 20 años se trataba de darlos a conocer, de empezar a hacer conciencia tanto entre los ciudadanos como entre las autoridades; ahora se trabaja más directamente en acciones para la reparación del daño en casos de violaciones, de superar la mera recomendación para hacer que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tenga una incidencia real en la vida de las personas, asegura el ombudsman del estado, Pedro Calcáneo Arguello.
“Todo parte de la definición de qué son los Derechos Humanos: las condiciones mínimas necesarias para que las personas se desarrollen con dignidad y felicidad”, explica, “es un error circunscribir el debate en el marco normativo existente”, precisa.

 

¿Corren riesgo los Derechos Humanos con una Ley de Seguridad Interior que se prepara para regularizar el trabajo de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia?

Ante una situación de inseguridad tan severa el debate no debe circunscribirse lo que dice la Constitución, sino a las condiciones que existen a nivel nacional, de tal manera que si (las Fuerzas Armadas) son un elemento útil en el propósito de generarle a la ciudadanía condiciones de paz y seguridad pública, no hay por qué negarse a su participación sólo porque la ley no lo prevé.

Los militares no son los únicos que vulneran Derechos Humanos, también son las fuerzas comunes. Esto se repite a nivel nacional, yo lo escucho en mis colegas cuando estamos en las reuniones de la Federación de Ómbudsman y la mayor parte de las quejas que se repiten son en procuración de justicia, seguridad pública, educación y salud. Esto es algo de lo que Tabasco no es ajeno. Tenemos que avanzar en las medidas de revisión y de supervisión del desempeño de estas autoridades.

 

¿Cómo va el avance de la Ley General de Víctimas?

Creo que hace falta conformar el fideicomiso, para que a través de ese mecanismo financiero se empiecen a reparar de manera más consistente las violaciones a los Derechos Humanos, pero vamos por buen camino. En febrero pasado la Secretaría de Seguridad Pública pagó 2 millones 200 mil pesos a una víctima de tortura. Estamos en proceso de otros casos más que también han sido reparados.

Esta Ley de víctimas y la Comisión que se creó para este propósito van a ayudar  mucho en ese sentido, es histórico. La Constitución señalaba la obligación de las autoridades a reparar por los excesos u omisiones en su conducta, esto lo vino a reforzar la reforma de 2011 del artículo primero constitucional, pero no existía el andamiaje legal a nivel de reglamentos.

La reparación del daño no es arbitraria, la Corte Interamericana ha establecido criterios de cómo se debe indemnizar a las personas que sufren violaciones a Derechos Humanos. La reparación del daño comprende la sanción, las medidas de no repetición, las medidas de satisfacción y toda una serie de complejas situaciones que la autoridad debe solventar.

Deben hacerse los procesos para sancionar a los autores por la vía penal y por la vía administrativa, debe repararse el daño psicológico poniendo a disposición asistencia y protocolos para tomar medidas para asegurar que ese tipo de casos no se repitan.

Cuando nosotros emitimos una recomendación, generalmente no citamos un monto, sino recomendamos pagar siguiendo los lineamientos y criterios establecidos por la Corte Interamericana, pero dejamos a salvo la voluntad de las partes de conciliar lo que ellos consideren por reparación.

A diferencia de hace 20 años, ahora en todas las recomendaciones está presente la reparación del daño, ya han sido varias instituciones que han sido recomendadas y por la vía conciliatoria también ha habido reparaciones del daño. Ese es el futuro: que cada vez que hay una violación, haya una reparación, no sólo un pronunciamiento.

 

¿Cuál es el indicador de eficacia de la CEDH?

La meta de la Comisión ya no debe verse como en el pasado, cuántas recomendaciones hiciste, sino cuánto incidiste en lograr mejores condiciones de vida para la sociedad. Te pongo un ejemplo: recién emitimos una recomendación a la Fiscalía por el caso de Geraldineth.

Al revisar el expediente encontramos que no le dieron a conocer todos sus derechos a la víctima, que no hubo un protocolo completo en materia de perspectiva de género en la investigación como feminicidio, que transcurrieron tres años sin diligencias contundentes para el esclarecimiento del caso. Consideramos que se vulnera el derecho a la verdad de la víctima, porque saben que murió pero no saben quién fue el responsable de ello.

No se esclarece por la recomendación de la Comisión, pero sí obliga a las autoridades a tomar acciones medidas al interior para que la próxima vez que haya un caso así, desde el inicio se cuide dar a conocer la totalidad de los derechos, va siendo importante qué tanto vas a seguir incidiendo.

De entrada la Fiscalía no acepta la recomendación, estima que sí ha procurado los Derechos Humanos de las víctimas. De repente creemos que la autoridad hace un buen trabajo cuando cumple con la legalidad, y a veces la legalidad es insuficiente.

El caso de Geraldineth, que es uno de los feminicidios más terribles que ha habido en el estado de Tabasco, representa el problema que está existiendo: no hay solución a feminicidios, no hay justicia. Es una visión errónea decir “ya está agotado el procedimiento” si no has hecho justicia, no estás garantizando los Derechos Humanos de las víctimas porque no hay justicia.

 

¿Vamos avanzando?

Sin ninguna duda. Si revisas el tipo de quejas que se daban hace 20 años, todas tenían que ver con lo esencial de seguridad pública y procuración de justicia, de salud, de educación. Más o menos así eran las 800 quejas que se recibían. Sin embargo, ahora las personas están quejándose por acoso laboral, por acoso sexual en sus centros de trabajo, por discriminación, por cuestiones de medio ambiente, cuestiones que antes, al no tener conciencia de que eran sus derechos, no se quejaban.

A lo mejor hace 15 o 20 años un pronunciamiento era muy positivo, ahora tenemos que incidir en la vida de la gente. Cada vez más hay soluciones por mecanismos que implican usar tecnología, medios alternos de solución de conflictos, mediación, conciliación. Antes decíamos: vulneraste Derechos Humanos, no lo vuelvas a hacer y sanciona en un procedimiento administrativo al responsable, aunque nunca sancionaban a nadie. Ahorita estamos viendo reparaciones del daño pecuniarias, es un avance importante.

El año pasado fueron más o menos mil 200 quejas presentadas, y por la cantidad que lleva ingresando en este año, estimamos que va a ser muy similar el número, entre mil 200 y mil 350 quejas. Sin embargo, es más compleja la integración porque se toman en cuenta factores que antes no: ahora tenemos un psicólogo y una doctora, para poder realmente allegarnos de evidencias y poder incidir en el avance de los Derechos Humanos.

La coyuntura de tener un Gobernador que entiende de Derechos Humanos y que ha tomado medidas para protegerlos es muy favorable. El presupuesto, aunque no es suficiente, es sustancialmente mayor que el que existía hace 10 años.

 

¿Se hace algo por los derechos de los migrantes?
Sí, es un tema que permite abordar cómo está evolucionando el estado de Tabasco para bien. Cuando yo estaba como visitador general en 2011, me tocó integrar por primera vez un expediente donde se emitió una recomendación sobre los migrantes. Entonces escuchabas a un Secretario de Seguridad Pública decir: “bueno, qué podemos hacer si el problema es de los migrantes, que se vayan o que no vengan”. Con esa misión nunca vas a resolver el problema.

Lo que nosotros investigamos es que las condiciones de inseguridad en la zona propicia las agresiones. Hay que garantizar la seguridad de los migrantes, son personas. Así como reclamamos nosotros la seguridad de nuestros migrantes en la frontera norte, debemos aplicar el mismo criterio con los derechos en el sur.

Ese sentido emitimos la recomendación, y en 2013 volvimos a hacer un estudio en el que encontramos menos índices de agresiones a migrantes por parte de corporaciones policíacas del estado. Ya hay más conciencia y más seguimiento en la oficina que tenemos en Tenosique para atender las denuncias que por agresión presentan los migrantes.

 

¿Cómo han avanzado las medidas cautelares que emitieron en el tema de maternidad subrogada?

Al principio el Estado no las aceptó, pero los propios afectados nos han dicho que se está solucionando por diversas formas conforme nosotros indicamos. Como esto no estaba previsto en la Ley, la postura ha sido de que no les pueden dar al bebé. Se perdió de vista que el Estado tiene que generar las condiciones para que las personas puedan desarrollarse, tener una familia, derecho a la identidad. Si no se resuelven en definitiva estos casos, vamos a tener que emitir una recomendación.
Cuando se hizo la reforma al Código Civil fue un cambio normativo progresista, porque la gente que no puede tener hijos por la vía convencional puede usar esta opción. Lo que sucede es que el Estado a veces no tutela cómo deben de ser los derechos. Si nosotros queremos cerciorarnos de cuál va a ser el destino de esos niños, lo que tenemos que hacer es reglamentar cómo deben acreditar los aspirantes a este método su condición de personas idóneas. Prohibirlo a los extranjeros no es la solución, esto es discriminación. La legislación de 2015 es un gran avance, pero la realidad nos demuestra que es insuficiente, de tal manera que hay que reglamentarlo más.