jueves, 21 marzo, 2019
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Alejandro Álvarez González, titular del OSFE se dice imparcial en la revisión, por cierto demorada, de la cuenta 2018 de Arturo Núñez e inocente de la aprobación de la de 2017; revela que ha interpuesto denuncia penal contra un alcalde y funcionarios de uno de los seis municipios reprobados.

¿Fiscal a modo? ¡No! Se apega al último plazo

Por Ignacio Ríos
@NachoRios1

En medio de descalificaciones de algunos diputados por la aprobación de la cuenta públicas 2017 de los tres poderes del Estado (principalmente “del gobernador Arturo Núñez Jiménez”, por su caótico cierre de gobierno) y por la falta de entrega del informe parcial de la cuenta 2018, el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), Alejandro Álvarez González, sostiene: “actué bajo el principio de imparcialidad. En el OSFE no tenemos sesgos para nuestra revisión ni a favor ni en contra”.

Quien fue el encargado de presentar el informe de resultados técnicos de la cuenta pública del gobierno nuñista, sin más observaciones que 80 millones de pesos distribuidos en las diversas secretarías, se deslindó de incurrir en alguna ilegalidad, pues “trabajamos con base en un código de ética y conducta”.

Admite que por la transición de los nuevos alcaldes (entrega-recepción en octubre) y la demanda de profundizar en las cuentas en lo general, el OSFE tiene un retraso en los informes parciales (primer semestre) 2018 de los tres poderes, órganos autónomos y los 17 ayuntamientos. Serán entregados a finales de junio, si no es que hasta el 31 de agosto.

Mientras que en la revisión de la cuenta pública 2018 de Núñez, el fiscal nombrado en diciembre del 2017 cita: se revisa sobre un programa de auditorías que es público y puede consultarse en el sitio web del OSFE y se integran las denuncias de presuntas irregularidades, sobre todo de fin de año por la falta de liquidez para pagos y compras, que se han presentado.

De lo ejecutado en contra de quienes han cometido irregularidades, reveló que ha interpuesto denuncia penal en contra de un alcalde y sus colaboradores, a propósito de las seis cuentas públicas municipales 2017 reprobadas a mediados de diciembre del 2018; seis más de trienios pasados y se espera concluir los expedientes de las cinco cuentas restantes reprobadas.

– Señor fiscal, existe una excitativa para que presente un informe preliminar de las cuentas públicas 2018 del poder Ejecutivo planteada por la presidenta de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda ¿Qué opina al respecto?

– Tengo conocimiento de que está en análisis en Comisión. La Ley, en este caso, establece los plazos y términos donde de manera muy precisa se establece que tenemos que entregar cuando concluyan las auditorias, que en lo particular, por término de periodos constitucionales, para manera más precisa entre que salió un presidente y luego entró otro, hubo un proceso de entrega recepción.

Esta situación, en muchos de los casos, nos fue reportada por los presidentes entrantes. En ese contexto, en algunos municipios tuvimos que tener mayor alcance y profundidad en los procedimientos de auditoria. En otros casos, por ejemplo, se nos retrasó la entrega de información precisamente del periodo de entrega-recepción que, por supuesto, técnicamente tuvimos que materializar en una serie de riesgos de auditoria que nos hicieron se profundizaron más en el periodo de enero-junio que es el primer semestre y que tendremos programado entregar, a como lo marca la ley, el 30 de junio (Informe del primer semestre 2018).

La ley nos establece tres plazos: el 31 de enero, el 30 de junio y el 31 de agosto. Y dice la Ley que si no lo entrego en el primer periodo que es el 31 de enero y no lo he concluido, tengo permitido entregarlo en el segundo periodo que es en junio y en último plazo que me da la Ley es hasta el 31 de agosto. En esas fechas dependiendo la situación. En el mismo caso las cuentas del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, que, en su caso, terminaron el año y la de los órganos autónomos.

– Ante el dictamen de la cuenta 2017, existieron y aún se presentan acusaciones, especulaciones y dudas, ¿hasta qué profundidad se revisará la cuenta 2018 de Núñez, después de lo que se revisó?

–  Es importante la pregunta que me planteas. Nuestro programa anual de auditorías es público y puede consultarse en la página del OSFE (www.osfetabasco.gob.mx) y ahí se establece cuáles son los entes (poderes, secretarías, direcciones, ayuntamientos) que vamos a revisar de manera particular el Ejecutivo que es al que precisas. Y en él se establece en qué periodo y qué dependencias vamos a revisar. Por supuesto que conforme establecen las normas nacionales de auditorías y fiscalizaciones, las auditorias (desempeño, financiera y técnica o de obra) se hacen en base a una muestra, pero desde luego que, si existe alguna denuncia o una instrucción, como en el caso de la excitativa (de los diputados), la incluimos en la revisión.

– ¿Se ha interpuesto ya alguna denuncia de tipo administrativo o penal en contra de los seis ayuntamientos (Cárdenas, Centla, Nacajuca, Paraíso, Macuspana y Teapa) que fueron reprobados a mediados de diciembre de 2018?

– De acuerdo a como establece la ley, nosotros entregamos (informe de resultados) al Congreso el 31 de agosto. La ley dice que tenemos 15 días hábiles para notificar al ente de las observaciones. Y el ente tendrá 30 días para solventar al OSFE. Y después de esa fecha, el OSFE tendrá 120 días para pronunciarse si las observaciones fueron o no solventadas. En este periodo estamos en que ya nos vamos a pronunciar sobre si fueron o no solventadas las observaciones. En algunos de los casos, para ser más preciso, en el caso de los municipios ya presentamos una denuncia porque ya tenía un procedimiento. Para no lesionar un derecho humano y por sigilo de los procesos, se reserva el nombre.

Y presentamos seis denuncias más, pero de ejercicios anteriores durante el periodo que yo llevo de Fiscal que es todo 2018. Siete denuncias en total que presentamos ante la Fiscalía General del Estado.

– ¿Y las otras (SAS 2016-2017-2018) en que tiempo?

– Como son auditorías que de manera especial nos pidió el Congreso que hiciéramos, nosotros hacemos nuestra programación y la ley dice que tengo 15 día para notificar, pero como son denuncias de ejercicios anteriores, son de seis a siete meses, en junio, de acuerdo a los procedimientos y alcances que tuviéramos.

– Y en cuanto todo lo que se “armó” por la calificación (aprobación) de la cuenta pública 2017 de Núñez, donde diputados de oposición, medios y sociedad lo responsabilizaron ¿Cómo está su conciencia?

– Yo lo que te puedo decir es que en el Órgano Superior de Fiscalización trabajamos con base en un código de ética y conducta que tenemos y que siempre nos hemos apegado a los preceptos constitucionales. Siempre hemos actuados bajo el principio de imparcialidad. No tenemos sesgos para nuestra revisión ni a favor ni en contra. Y por supuesto siempre apegado al principio de legalidad, a lo que establece la ley, siempre hemos actuado en ese sentido y en el de confiabilidad.

Pienso que las críticas son necesarias y las acepto, sean justas o injustas, sean falsas o verdaderas. Las tomo para poder mejorar lo que se tenga que mejorar, sin embargo, cuando hay situaciones muy objetivas y que se puedan verificar, actuamos conforme a la ley. Soy una institución y represento una institución que por la actividad que hace siempre estamos frente a la crítica de la ciudadanía y del escrutinio de la sociedad y sobre esa situación somos muy respetuosos de la libertad de expresión que tiene la ciudadanía. Soy totalmente respetuoso.

– ¿Hay Fiscal para rato?

– Estamos trabajando. Yo sé la labor importante que tiene el Congreso del Estado. Estoy convencido de que esta Legislatura está poniendo una mayor atención y eso es importante para efectos de que podamos avanzar en la política de combatir la corrupción. Estoy convencido que la presidenta Bety Milland ha tomado una serie de decisiones que va a encauzar a lo que mejor sea para el estado.

¡Cómplice!, dicen diputados

Desde la entrega de su informe de resultados, salvo por los dictámenes en contra de los seis ayuntamientos reprobados, diputados de PRI, PVEM e incluso Morena, lo responsabilizaron de proteger la cuenta pública 2017 del exgobernador Arturo Núñez.

El fiscal Alejandro Álvarez fue elegido por la última fracción mayoritaria del PRD que gobernó el Congreso tabasqueño. Herencia nuñista.

Para el diputado del PVEM, Carlos Mario Ramos Hernández, el fiscal fue y es cómplice para limpiar y no revisar a profundidad los manejos presupuestales, de compra, prestación de servicios, nómina y de la poca obra pública de 2017, que permitió la cuenta pública –del gobernador y equipo– fuera aprobada. No confiamos en lo que revisa para la cuenta 2018, apuntó.

La diputada de Morena, presidenta de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, Teté Álvarez, ha levantado la voz para exigir le entregué el informe de resultados del primer semestre 2018 del gobierno nuñista, que debió presentar el 31 de enero.

El tramo de Álvarez González, se ha visto ensombrecido. El 31 de diciembre, la bancada del PRI en pleno, en la sesión solemne de toma de posesión del nuevo gobernador, exigió al testigo de honor, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “¡cárcel para Núñez!”.

El exdiputado de Morena, Ariel Cetina Bertruy, dijo que el OSFE había maquillado la cuenta pública del exgobernante y llamó lugarteniente de la banda al secretario de Finanzas, Amet Ramos Troconis.

El fiscal fue electo por la actual LIII Legislatura, con mayoría de Morena, por un periodo de siete años, es decir, hasta 2014… ¿Le dará el gas?