sábado, 26 septiembre, 2020
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Ocho exediles fueron demandados penalmente por los presidentes municipales entrantes ante las instancias estatal y federal, sin que se conozca a la fecha alguna acción de la justicia contra ningún exservidor público implicado.

Impunidad sobre exalcaldes hasta en FGE y PGR

 

 

POR REMIGIO ARTURO LÓPEZ

 

Aunque ya era bola cantada, que les fueran aprobadas las cuentas públicas en el Congreso Local a los exalcaldes tabasqueños que gobernaron los 17 municipios de 2013 a 2015, sigue prevaleciendo impunidad sobre una decena de estos mismos exediles que fueron demandados penalmente ante las instancias estatal y federal, sin que se conozca a la fecha alguna acción de la justicia contra ningún exservidor público implicado.

Fueron ocho los Ayuntamientos, donde los presidentes municipales entrantes que tomaron la decisión de ejercer acciones de carácter penal contra sus antecesores, independientemente de la actuación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) cuya tarea se limitaba para la revisión y en consecuencia la calificación de las cuentas públicas que le correspondía a los 35 diputados. La acción legal se la reserva el OSFE siempre y cuanto haya una instrucción cameral.

Por ello, que los alcaldes que entraron en funciones el 1 de enero de 2016, durante los primeros meses del año determinaron demandar a quienes les antecedieron, fue el caso de Balancán, donde el munícipe Mario Eugenio Bocanegra Cruz instruyó la demanda federal contra Pedro Arguello Hernández, por la compra fraudulenta y desaparición de un software superior a los 2 millones de pesos que se adquirió supuestamente con recursos federales, pero en el inventario de la entrega-recepción sólo aparece reportado, pero físicamente no estaba.

El Ministerio Público Federal de la PGR con sede en Tenosique, sólo citó al exalcalde Arguello Hernández, quien cínicamente afirmó que dicho equipo tecnológico se encuentra en el Ayuntamiento, pero en el reporte de la entrega-recepción, se establece inexistente, por tanto se afirma que alguien lo sustrajo antes del 31 de diciembre de 2015 que entregó la estafeta. No habido mayor actuación sobre esta demanda federal.

Saqueo en Comalcalco

Lo mismo en Comalcalco, sobre los exalcaldes Héctor Peralta Grappin (hoy diputado federal)  y el sustituto -Jesús Romero López, pesan demandas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la PGR que presentó el edil Javier May Rodríguez por el presunto saqueo a los recursos del ayuntamiento para beneficio de los propios funcionarios públicos.

Se demandó el desfalcó de más de 58 millones de pesos aunado a haber gastado dinero en obras mal hechas como el Centro Cultural Bicentenario en el que se invirtieron 7 millones de pesos de recursos federales y se acusó que se desviaron 12 millones de pesos para una red de drenaje en el fraccionamiento San Joaquín, donde Peralta Grappin tiene su domicilio particular, entre otras cosas. Aquí tampoco ha habido acción de la justicia, mucho menos contra Peralta Grappin que gracias a su fuero constitucional no ha comparecido siquiera.

En tanto que en Jalpa de Méndez, el exprimer regidor Domingo García Vargas fue demandado ante la FGE por la omisión en el pago de energía eléctrica por haber incurrido en omisión del pago de 5 millones de pesos de energía eléctrica. Junto con él fueron demandados exfuncionarios municipales, hecho que quedaron las evidencias bajo las carpetas número NOPD-TAB017-2015, TOMO I-III, pero tampoco ha habido ninguna acción legal.

Lo mismo en Jonuta, sobre el exalcalde José Felipe Torres Arias pesan cuatro sendas demandas por peculado ante la FGE,  ya que más de una decena de obras con un monto estimado de 30 millones de pesos fueron maquilladas, no terminadas y los conceptos establecidos en los contratos diferían de los entregado físicamente por lo que se entiende que entró en componendas con los contratistas para repartirse los dineros públicos. De todo lo denunciado, la autoridad municipal en funciones entregó pruebas y documentales pero no ha actuación legal contra los implicados.