jueves, 22 octubre, 2020
Home / TABASCO / Inframundo en cárceles de Tabasco; cierran nueve, el resto están reprobadas
Durante 10 años consecutivos, Tabasco ha obtenido puntajes negativos en la evaluación del Sistema Penitenciario Nacional, que tiene como objetivo verificar las condiciones de los reclusos.

Inframundo en cárceles de Tabasco; cierran nueve, el resto están reprobadas

Por Yair Dessalines
@ YairDessalines

De 2006 a 2016, los Centros de Readaptación Social (Cereso) y cárceles de Tabasco no han pasado la evaluación del Sistema Penitenciario Nacional, que verifica el entorno de los reclusos, ya sea que estén en proceso o sentenciados. Con calificaciones de 5.30 en Ceresos estatales y 3.94 en cárceles municipales, Tabasco se afianza en el Top10 con los peores centros penitenciarios del país, de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, sólo por debajo de estados como Tamaulipas, Hidalgo, Guerrero y Nayarit (este último el peor calificado con 4.37).

Dependiente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el diagnóstico reprueba al Centro de Reinserción Social de Huimanguillo con 5.50; al Centro de Reinserción Social de Comalcalco con 5.36; al Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco (CRESET) con 4.98 y al Centro de Reinserción Social de Cárdenas “Las Palmas” con 5.36, los cuatro por debajo del 6.28 de la media nacional.

En el diagnóstico destacan con mejores promedios centros penitenciarios de Coahuila, Guanajuato y Aguascalientes por arriba del 8.50; Tabasco obtuvo su mejor calificación en 2012 con 5.70 y la peor en 2006 con 3.84 puntos.

Sobrepoblación

La tendencia estatal es de “focos rojos” en los aspectos que garantizan la integridad personal del interno, estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno y grupos de internos con requerimientos específicos.

Los cuatro Ceresos evaluados presentan sobrepoblación o están al límite, caso alarmante del Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco con una capacidad para 900 hombres y 150 mujeres (1,050 internos), pero que de acuerdo al diagnóstico hay 2,129 hombres y 14 mujeres (2,143 internos), el doble de su capacidad.

Violación a derechos

En contraste con el programa de cárcel segura, talleres y actividades recreativas que a través de su cuenta de Twitter difunde Arturo Maldonado Pulgar, Director General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), tan sólo en el caso del CRESET, en la supervisión realizada del 16 al 20 de mayo 2016, la CNDH detectó sobrepoblación, hacinamiento, falta de servicios de salud, de supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, insuficiencia en programas para prevención y atención de incidentes violentos y en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.

Además hay insuficiencia y suciedad en equipo médico y de cocina, así como en comedores y deficiencias en alimentación.

Hacinamiento

El organismo recomienda poner atención en la normatividad que rige al CRESET, la insuficiencia de seguridad y custodia, el autogobierno de los internos, las actividades ilícitas dentro del penal y la presencia de extorsiones y sobornos.

El informe destaca además, deficiencias existentes en la clasificación de los internos, en la separación entre procesados y sentenciados, la atención a mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas de diversidad sexual e insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.

El diagnostico también reprueba las cárceles públicas municipales de Cunduacán (4.07), Paraíso (4.28), Balancán (3.38), Centla (4.69) y Tacotalpa (3.27). De estas, las de Paraíso y Balancán fueron cerradas este año, de acuerdo a la recomendación general número 28, emitida por la CNDH.

De igual forma, las cárceles municipales de Teapa, Jalapa, Emiliano Zapata, Jonuta, Nacajuca, Jalpa de Méndez y de La Venta en Huimanguillo, como una medida, informó el gobierno estatal, para acabar con la reclusión irregular, proteger los derechos humanos de personas procesadas y sentenciadas, y garantizar servicios básicos de alojamiento en condiciones de vida digna y segura.