viernes, 23 octubre, 2020
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Mafias entre PEC y empresarios de este ramo “roban” a tabasqueños más de 4 mdp mensualmente

Levantan fortuna grúas particulares

 

Por Yair Dessalines

@YairDessalines

 

Por si el calvario económico que viven los tabasqueños fuera poco, hoy miles de automovilistas sufren acoso y robo por parte de empresas particulares que operan con la Policía Estatal de Caminos (PEC) el arrastre de vehículos, un ‘negocio turbio’ con ingresos mensuales que superan los 4 millones de pesos.

 

Desde el sexenio pasado, la PEC inició con la contratación de empresas para que suplieran el servicio de arrastre, pero fue en el actual gobierno que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) concesionó en su totalidad a cinco particulares de grúas: Hermanos Pérez, Negras, Salomón, Olmeca y Tabasco, las que controlan el negocio a su antojo en los 17 municipios del estado.

 

Por servicios relacionados con la PEC, estas empresas llegan a registrar hasta 100 arrastres al día en Centro y 50 en el resto de los municipios, con un ingreso aproximado de 135 mil pesos diarios, tomando en cuenta que el precio por traslado a sus retenes particulares es de 900 pesos promedio, sin incluir los 65 pesos diarios por el tiempo que dure retenido el vehículo.

 

A mayor número de arrastres mayor ganancia, por eso diariamente estas empresas disponen hasta 30 grúas para levantar unidades mal estacionadas en zonas conflictivas de la ciudad de Villahermosa.

 

MODUS OPERANDI

Conductores son acechados por los agentes de tránsito y los operadores de las grúas. No respetan hospitales, escuelas ni edificios públicos. El arrastre es inmediato y sin tolerancia.

Por instrucciones superiores, tienen que levantar el mayor número de vehículos de la zona centro, Tabasco 2000, Deportiva, Atasta y Tamulté, donde encuentran con mucha facilidad unidades estacionadas en lugares prohibidos, por la insuficiencia de espacios públicos para tal efecto.

Los automotores  son trasladados a un punto “hechizo” en el que se encuentra un representante de la empresa. Se espera al propietario hasta por una hora y la unidad es liberada sólo si se paga el costo del arrastre a la mano, más una “lana” para el policía que facilita el arreglo al no levantar la infracción.

Se persuade al propietario de que las grúas cuentan con GPS, por lo que el pago del arrastre es inevitable.

 

De no haber arreglo, el conductor deberá pagar su infracción ante la Secretaría de Finanzas y el arrastre directamente en la empresa para poder liberar su vehículo.

 

De acuerdo a un trabajador de Grúas Negras, esta empresa tiene concesionado el espacio que se encuentra en la parte trasera de Walmart Universidad, donde se bajan los vehículos  y se negocia con los propietarios a plena luz del día.

 

En el resto de los municipios es la misma situación, por cada destacamento de la PEC hay tres grúas particulares de estas empresas coordinadas por la Dirección Regional.

 

 

COBRAN LO QUE QUIEREN

 

En mayo del año pasado, el diputado Luis Alberto Campos Campos presentó un Punto de Acuerdo para que la Policía Estatal de Caminos y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hicieran público y subieran a sus páginas de internet el tabulador de precios oficiales para las empresas dedicadas a la prestación del servicio de grúas y remolques en todas sus modalidades, y a pesar de haberse aprobado como un asunto urgente, el exhorto no se cumplió.

 

De acuerdo al legislador los cobros de estas cinco empresas son muy altos, por encima de la tarifa autorizada por la Dirección General de Autotransporte Federal Adscrita a la SCT Federal para el arrastre de vehículos en carreteras federales.

 

Puso el ejemplo que mientras un servicio similar en el Estado de México tiene un costo de 285 pesos (10 kilómetros) más 11 pesos adicionales por kilómetros, en Tabasco el precio se eleva un 300 por ciento, al no existir una regulación clara por parte de la SCT que encabeza Agustín Silva Vidal.

 

HAY MANDOS INVOLUCRADOS EN EL NEGOCIO

Agentes inconformes con la situación de abandono que se vive al interior de la PEC dieron a conocer a Revista Grilla que la desaparición de las grúas oficiales fue intencional para poder justificar el ‘negocio’ con los particulares.

 

Desconocen quiénes están detrás de estas empresas, pero aseguran que hay altos mandos de la corporación involucrados que se encargan de ‘acordar y negociar’ cada que llega un nuevo director general a la PEC.

 

Recordaron que en la época de Salvador Suárez como director general había 20 grúas oficiales, de las cuales hoy sólo quedan dos para atender las emergencias de sus propias unidades.

Consecuencia de la fuga de recursos, los agentes señalaron que los retenes estatales (Anexo 1 y Buenavista) dejaron de recibir vehículos y se han convertido en cementerios de patrullas, grúas y motocicletas tanto de la PEC como de Seguridad Pública, unidades que podrían tener reparación pero se han dejado en el abandono por falta de presupuesto.

 

En el marco de la protesta que recientemente realizaron en exigencia a mejores condiciones salariales, afirmaron que con todo el dinero que entra por concepto de infracciones alcanzaría para tener una flotilla de grúas bien equipadas, pues el costo de éstas no supera los 900 mil pesos.