lunes, 30 noviembre, 2020
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Open Society pide colocar en la agenda electoral un mecanismo internacional anticorrupción

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio del proceso electoral, integrantes de la organización internacional Open Society Justice Initiative, llamaron a los aspirantes presidenciales a colocar en el debate nacional la viabilidad de crear un mecanismo internacional para combatir la corrupción y la impunidad en México, que ha dejado miles de víctimas de la violencia.

James Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, y Eric Witte, responsable del proyecto de tribunales nacionales para crímenes graves, urgieron a atender las voces que desde por lo menos hace dos años exigen la colaboración internacional para atender la grave crisis de derechos humanos, buena parte de ella derivada de los altos grados de corrupción.

Goldston y Witte, fueron entrevistados por Apro, en el contexto de la presentación de un nuevo informe de Open Society Justice Initiative, “Corrupción que mata”, que toma la masacre de Allende y el “centro de exterminio” del cartel de los Zetas en el penal de Piedras Negras, Coahuila, como casos emblemáticos para fundamentar la demanda de creación de un mecanismo internacional que contribuya a combatir la corrupción y la impunidad en México.

“Examinamos las vinculaciones de corrupción que están debajo de la ola de violencia; la colusión entre los cárteles y los políticos municipales y estatales, ejemplificados en estos dos casos en Coahuila, que algunos funcionarios de alto nivel tenían previsto lo que iba a pasar pero acordaron no intervenir, también hay evidencia de que funcionarios públicos y gente de las fuerzas de seguridad y del orden público estaban enteradas mientras los crímenes estaban pasando, pero no intervinieron, hay evidencia de que algunos funcionarios facilitaron los crímenes activamente”, destaca Goldston, quien formara parte de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

Informes de sociedad civil e investigaciones de Open Society, como “Corrupción que mata” analizan a detalle “los episodios más brutales perpetrados por los Zetas en el estado de Coahuila: el asesinato de 300 personas (incluyendo niños) en el municipios norteño de Allende y poblados cercanos (incluyendo Piedras Negras) durante el periodo de tres días en 2011 (…), y la desaparición y el asesinato de aproximadamente 150 personas dentro de los muros de la prisión estatal de Piedras Negras entre 2009 y 2012, cuando los Zetas utilizaron la prisión como una especie de centro de operaciones”.

Al destacar escenarios de colusión entre el crimen organizado y funcionarios gubernamentales en Guerrero, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas, el director de Open Society puntualiza que “esas estructuras de colusión y de corrupción, son muy difíciles de romper, si el Estado está implicado, por eso se necesita algo desde afuera para romper ese tipo de conexión criminal”.

Derechos humanos: deterioro

Más allá de los vínculos entre criminales y políticos documentados por varias organizaciones sociales, que han retomado juicios en Estados Unidos que los revelan, para Goldston desde que en 2016 Open Society publicara su informe “Atrocidades Innegables”, la situación de derechos humanos en México se ha deteriorado con mayor intensidad, lo que es fácil evidenciar con las propias cifras estatales, que ubican al 2017 como el año más violento del país en las últimas dos décadas.

“Sabemos que la tortura, según el relator especial de la ONU sobre Tortura, sigue siendo rutinaria, generalizada, y en la cuestión de desapariciones no ha cambiado, la impunidad persiste, no están procesando casos, aunque la violencia no está disminuyendo, la violencia sigue, la impunidad sigue, algo tiene que cambiar”, dice Goldston.

De acuerdo al defensor, ni siquiera las reformas judiciales y legislativas, pueden ayudar a superar la crisis, mucho menos cuando se considera que a la fecha no existen garantías para que se cuente con un sistema anticorrupción y una Fiscalía General de la República, efectivamente autónomas, y peor aún si se toma en cuenta la vigencia de la Ley de Seguridad Interior (LSI), a la que considera “un retroceso para el país”.

“México tiene una situación de violencia una de las más grandes, la tasa de violencia y la tasa de impunidad son muy altas, si y nada se resuelve, una institución como la Corte Penal Internacional va a tener que intervenir”, agrega Goldston tras recordar que existen varias comunicaciones de organizaciones sociales nacionales e internacionales que han solicitado la intervención de la CPI.

Para evitar la actuación de la CPI, el defensor considera que un mecanismo internacional puede ser una solución, a los graves problemas de violencia e impunidad.

“México sí tiene capacidad de atacar este problema, sólo necesita ayuda internacional que estamos recomendando, para ayudar a resolver los crímenes atroces y para apoyar en las reformas necesarias para que se continúe con ese proceso, porque un mecanismo internacional no es para siempre”, apunta.

Ante el proceso electoral, Goldston insiste en que la crisis humanitaria debe se parte de la agenda de discusión para quienes aspiran a gobernar México: “¿Qué va a hacer el próximo gobierno sobre esta ola de violencia, sobre esta evidencia de corrupción? ¿Quién va a contestar las preguntas sobre los fuertes vínculos entre criminales y funcionarios públicos? Son tópicos que deben ser discutidos”, señala.

El director de Open Society Justice Inititative, reconoce que una premisa para generar cambios es “voluntad política para cambiar realmente”, lo que no ocurrirá de la noche a la mañana sólo con un relevo gubernamental.

Eric Witte, considera que el proceso electoral por el que atraviesa el país, es una buena oportunidad para posicionar la propuesta del mecanismo internacional, y que “sería muy simbólico el hecho de que un gobierno solicite asistencia, muestra que algo ha cambiado radicalmente en un país en el que la mayor parte de la población no tiene confianza en el sistema de justicia”.

Witte, quien participó en mecanismo internacionales en Sierra Leona, Liberia y Yugoslavia, considera que sería relevante discutir con los aspirantes presidenciales la propuesta de su organización, que se suma a otras voces que demandan la asistencia internacional.

Peña: escándalos de “atrocidades”

El especialista, quien ha realizado un informe para Open Society sobre 33 mecanismos internacionales en 29 países, destaca que cualquiera de los candidatos que gane la elección debe tomar en cuenta las fallas de la actual administración de Enrique Peña Nieto, que “se ha visto envuelta en escándalos de atrocidades masivas de corrupción masiva”.

Witte, quien colaboró en la estrategia para procesar y detener a los expresidentes de Liberia y Serbia Charles Taylor y Slobodan Milosevic, recuerda que una vez ganada la elección, Peña Nieto enfocó su discurso “en el desarrollo económico, no quería hablar de los problemas de drogas e inseguridad, y continuó con las mismas políticas de seguridad que Felipe Calderón y no abordó las fallas del sistema de justicia y seguridad”.

Agrega:

“Yo creería que el nuevo presidente, querría evitar tener ese mismo destino, que quisiera dar un paso más adelante, más radical hacer algo diferente en el sistema de justicia y de seguridad”.

Al insistir en llamar a los aspirantes presidenciales a debatir sobre la propuesta, Eric Witte reconoció que “no es algo fácil hacer estas solicitudes porque siempre va a haber una cierta resistencia a lo que pareciera una cierta intervención internacional en lo que consideran asuntos nacionales, pero las elecciones representan oportunidades para nuevas ideas. No hay garantías, pero hay esperanza”.

El mecanismo propuesto por Open Society, y a la que se han sumado otras rganización en lo que se ha llamado “Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción”, considera una composición de personal nacional e internacional, siendo la característica del último que “proporcionaría conocimientos especializados e independencia para garantizar la ejecución sólida del mecanismo, así como el apoyo necesario y la protección requerida para lidiar con la presión política”.

Se considera que la jurisdicción del instrumento “debe estar regida por la naturaleza del problema de impunidad al que México se enfrenta: crímenes atroces, violaciones masivas a los derechos humanos y aquellos actos de corrupción que permiten estas acciones (tales como lavado de dinero, malversación de fondos, abuso de poder)”, además de que “sería concurrente con la de otras instituciones de justicia nacionales relevantes y seguiría siendo complementaria a la de la CPI”.

En cuando al mandato, “sería investigar de forma independiente y, cuando sea necesario, perseguir los delitos bajo su jurisdicción”. Además de que estaría ubicado en México “para asegurar que las investigaciones y procedimientos se desarrollen lo más cerca de las víctimas y comunidades afectadas”.

Al considerar que el mecanismo debería tener “un mandato territorial en todo México, a nivel federal y estatal”, el documento de Open Society agrega que en cuestión de temporalidad, debería tener la misma que la fiscalía general recientemente creada y con acuerdo de una organización internacional, probablemente Naciones Unidas.