jueves, 1 octubre, 2020
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Política social, productividad y crecimiento económico…

Carlos Flota*

En medio de una crisis global de proporciones todavía por cuantificar, nuestro país enfrenta la necesidad de revisar sus políticas públicas adoptadas desde principio de los años 90. Esa revisión, además del NAFTA, por citar alguna de las políticas que hoy están por examinarse, también, me parece, dicha revisión debe incluir a la llamada política social, pues a estas alturas, es más que evidente que con sólo transferencias de ingresos hacia los ciudadanos más vulnerables, es imposible erradicar la pobreza de manera permanente.

Santiago Levy y Rolando Cordera, entre otros autores, han expresado la necesidad urgente de llevar a un nivel prioritario de la agenda pública nacional la discusión sobre las posibles reformas a la política social, ya que el país se encuentra atrapado en el dilema entre el bienestar social y la productividad. Esta disyuntiva es debida a que, dadas las carencias de amplios colectivos de la población, las grandes discrepancias en el ingreso y el objetivo de proteger a la fuerza laboral en contra de fuerzas adversas, los diferentes gobiernos se han visto obligados a impulsar una amplia política social. Sin embargo, es claro que programas sociales de gran envergadura, sin así desearlo, han provocado una reducción en la productividad y, por ende, una disminución en el crecimiento económico. Además, al reducir los incrementos en la productividad laboral, los programas sociales también restringen los incrementos en los salarios reales, los cual es necesario o indispensable para incrementar el bienestar de la población trabajadora.

Hay que mencionar que, desde el punto de vista de la política social, la literatura sobre el tema, distingue dos tipos de programas, los de seguridad social y los de protección social. Esta distinción es relevante para fines del análisis económico, ya que los programas de seguridad social se financian con impuestos a las nóminas de las empresas, además de que sus beneficios son obligatorios y asociados, mientras que los de protección social se financian con recursos provenientes de la recaudación federal o estatal, son voluntarios y no asociados; es decir, cualquier trabajador está en la posibilidad de acceder, por ejemplo, a un programa de salud, pero no necesariamente a un programa de pensiones para el retiro, contrario a lo que sucede en los programas de seguridad social.

Desde el punto de vista de la productividad, la combinación de impuestos al trabajo formal (programas de seguridad social) y los subsidios al informal (programas de protección social) tiene efectos encontrados, ya que por un lado se premia la creación de empleos de baja productividad y, por otro, se castiga la creación de empleos de alta productividad. Esto es, en el sector formal de la economía, la productividad de un trabajador tiene que ser al menos igual al salario más los costos no salariales (ej. el aguinaldo), pero en el sector informal la productividad de un trabajador es igual al salario o algún tipo de comisión, dado que las empresas informales no pagan ninguna prestación social. Así, como resultado del razonamiento lo anterior, se puede afirmar que cualquier acción de política social que fomente el empleo informal es, al mismo tiempo, una política que reduce la productividad de los trabajadores, y como en el mediano plazo los salarios reales dependen de la productividad del trabajo, cualquier política social que fomente la informalidad actúa en contra de mayores salarios reales.

Redundando, una baja productividad reduce los salarios reales y, manteniendo todo lo demás constante, el bienestar de los trabajadores informales. Desde luego, los malos indicadores de bienestar de la población pueden ser mejorados, y de hecho lo son, con los programas de protección social. Sin embargo, esto crea un círculo vicioso. Empleos informales con bajos salarios reales crean la necesidad de programas de protección social para aumentar o por lo menos atenuar la caída en el bienestar de los trabajadores informales, pero a su vez, dichos programas inducen al aumento del empleo informal, lo que a su vez requiere de más programas de protección social, potencializando el círculo.

Este disloque entre la productividad de los trabajadores y su nivel de vida puede mantenerse durante largos periodos de tiempo, incluso ampliarse cada vez más. Pero lo que, si es cierto, es que no hay lunch gratis, alguien debe pagar por estos programas y ese alguien no son más que los trabajadores y las empresas que si pagan impuestos, los que, a su vez, intentaran por cualquier medio, evadir o reducir su carga impositiva.

Los programas sociales afectan la productividad y el crecimiento económico. Pese a los cambios estructurales durante los últimos años, la política social sigue sin estar en los puntos prioritarios de la agenda pública. Quien insiste en replantear los programas sociales no se equivoca.

 

*Maestro en Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales y consultor independiente