martes, 1 diciembre, 2020
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Desde 2014, los vecinos han detectado una serie de irregularidades en la construcción de este alto edificio; pese a presentar pruebas a las autoridades, la obra sigue.

Sobrepasa altura permitida; JM Premier, bien cimentado… en corrupción

Por Flor García Morales
@FlorGarciaMora1

Las leyes no se aplican igual para todos, o al menos así lo entienden los habitantes del fraccionamiento Bonanza, en Tabasco 2000, ya que a pesar de su inconformidad por las múltiples irregularidades en su construcción, la edificación del edifico JR Premier en la Calle 1, no se detendrá, pues está en propiedad privada, les dijeron las autoridades.

¿Dónde inició la corrupción?

En 2014, el entonces presidente municipal de Centro, Humberto de los Santos Bertruy, aprobó en sesión de Cabildo el cambio de uso de suelo en el predio de mil 420.80 metros cuadrados de la Calle 1, en el fraccionamiento Bonanza, propiedad de Javier Rosique Palavicini, aun cuando hubo un estudio de factibilidad que niega el permiso ya que el proyecto excede la densidad de la edificación, por lo que dicho documento niega la factibilidad y prohíbe realizar acción alguna.

La construcción de JR Premier está a cargo de Roscon S. de R.L. de C.V., con domicilio en Bonanza, y las violaciones a leyes y reglamentos son visibles, así lo señala José de Jesús Hernández Olazarán, quien vive a un costado de la construcción y expresó a Revista Grilla su molestia por las afectaciones que ésta ha causado a todo el fraccionamiento.

“Hemos acudido ante diversas autoridades y nadie nos da una respuesta del porqué se permite continuar con esta construcción, a pesar de que acudimos con pruebas, lo que hacen es que justifican el tamaño del edificio con base en la demanda de personas que van a adquirir los departamentos, pensamos que a falta de un dictamen de Protección Civil y de plan de contingencia aplicarían la ley como se ha hecho en otros estados, pero no, el ayuntamiento nos dijo que seguirán construyendo porque están en propiedad privada”, dijo.

Hernández Olazarán ha realizado más de 20 solicitudes de Información Pública al ayuntamiento, la cual no han respondido correctamente, esto a decir del propio Instituto Tabasqueño de Acceso a la información Pública (ITAIP).

Cabe recordar que el pasado mes de marzo el ITAIP ordenó entregar los documentos solicitados por los ciudadanos, por lo que la comisionada, Teresa Luna Posadas, manifestó que el ayuntamiento está obligado a transparentar el documento del Impacto Urbano que ocasionaría la construcción y el acuse de recibo del Impacto Ambiental por el cual otorgó la licencia de construcción, ya que señaló los argumentos para no entregarlo no son válidos, pues dijo que el sujeto obligado debe tener conocimiento de estos documentos.

“Es necesario que el que vaya a construir presente una serie de requisitos, entre los que destacan el relativo a la factibilidad de uso de suelo y el relativo al dictamen de impacto urbano, pues ese es el documento que debió haberse otorgado al particular”, expuso. Hasta el cierre de edición esta información no se había entregado.

Secuencia de violaciones

Los vecinos refieren que han acudido a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (Sernapam), Protección Civil, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero al no haber reacción alguna, han debido realizar sus propias indagatorias, que han derivado en más denuncias.

El 23 de noviembre de 2015 el ayuntamiento autorizó la licencia de construcción 697/2015 del JR Premier sin haber un dictamen de Impacto Urbano, infringiendo los Artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Sustentable de Tabasco, por lo anterior esta licencia de construcción está fuera de la ley.

El 26 de enero de 2016, la SOTOP emitió el dictamen de Impacto Urbano SOTOP/SDUOT/EIU/002/16, el cual tiene condicionantes incumplidas por Roscon S. de R.L. de C.V, propietaria del proyecto departamental; no cumplió con la altura máxima permitida por la ley la cual debía ser de 18 metros, en cambio se construyen 11 niveles, con 40 departamentos que alcanzan los 48 metros; el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) que debía tener la cimentación del edificio de mil 136 metros cuadrados, fue construida de mil 420 metros cuadrados; en tanto que el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) estipulado en reglamentos y leyes era de 5 mil 682 metros cuadrados pero se utilizaron 10 mil 772.

De igual manera no se cumplió la orden emitida por el SAS de desplantar el edificio por arriba del nivel de la Calle 3, ni acató lo que se ordena en el Acuerdo de Cabildo en lo referente a que debía delimitar el derecho de vía del dren pluvial municipal Bonanza que es colindante al suroeste del predio del edificio y contrario a ello lo que hizo fue encajonarlo, sepultarlo y adjudicarse el área del derecho de vía del dren.

Según documentos entregados a este medio, el dictamen de Impacto urbano se hizo un año y dos meses posterior al Acuerdo de Cabildo que autorizó el cambio de uso de suelo y después de 2 meses de que el H. Ayuntamiento autorizara la licencia de construcción 697/2015 y lo más grave aún, así mismo la alcaldía revalidó el 16 de diciembre de 2016 esta licencia de construcción sin solicitar o verificar en el sitio de la obra el cumplimiento por parte de la empresa Roscon S. de R.L. de C.V. de las condicionantes mencionadas en el Dictamen de Impacto Urbano.

Dentro de los requisitos que según el dictamen solicitó a la empresa está el Programa Interno de Protección Civil y el Plan de Contingencias, datos obtenidos vía Transparencia aseguran que Roscon no solicitó en ningún momento esos documentos.

El 9 de noviembre de 2017 la empresa solicitó una prórroga de vigencia del dictamen de Impacto Urbano SOTOP/SDUOT/EIU/002/16, la cual se hizo extemporáneamente y sin cumplir la condicionante de ajustar la altura conforme a la ley, lo cual no justifica el hecho de rebasar los límites permitidos.

Debido a lo anterior no debió ser aceptado e ingresado a la SOTOP, de acuerdo al Artículo 97 del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco.

Cada uno de estos departamentos tenían un valor, hasta el año pasado de 1 millón 800 mil pesos, actualmente se ofrecen en 4 millones 500 mil.

El 28 de noviembre de 2014, siendo presidente municipal Humberto de los Santos Bertruy, aprobó el cambio de uso de suelo, en sesión de Cabildo recibió dos documentos de factibilidad; el primero en negativo y el segundo de reconsideración (positivo).

Más edificios, menos áreas verdes; más inundaciones

Francisco Rodríguez Ávila, habitante del fraccionamiento Bonanza, declaró que la constructora rompió un drenaje sanitario para conectarlo con un drenaje pluvial, por lo que las aguas negras llegan a la Laguna de las Ilusiones.

“Están violando la Norma Oficial Mexicana 001, ya que están vertiendo aguas negras a un área protegida; esto es un ecocidio pero además se emiten vapores de aguas sanitarias al medio ambiente, con materia fecal. Debido a esto interpuse una denuncia ante la Conagua, Sernapam y Profepa y sólo me dijeron que le darán seguimiento”, denunció.

“Nos preocupa que se está construyendo el edificio en un área considerada verde, y que según se marca en la ley no se deben tocar, y planean construir dos edificios contiguos y uno más donde está la caseta de policías”, denunció Rodríguez Ávila.

Otra de las irregularidades, acusan, es que el cause natural del agua que va del fraccionamiento Oropeza a Bonanza fue alterado por la compañía, pues disminuyeron el área por donde pasa, lo que provoca que cuando llueve se forme un tapón hidráulico que provoca que las calles 3, 5, 6, el Bulevar Bonanza y la avenida Nueva Imagen, se inunden.

Sin embargo la situación no concluye allí, pues explicaron que les fue informado que en el predio serán construidos un total de tres edificios, uno de ellos más alto todavía, de unos 14 niveles.
“No nos oponemos a que haya un desarrollo en nuestro fraccionamiento, pero debe ser bien planeado y nosotros ya tenemos problemas con el drenaje, el agua potable, la energía eléctrica y sólo construyen sin pensar en que si lo que tenemos nos abastecerá a todos porque no tienen proyectada ninguna mejora”, dijo Francisco Torres Arias.

Vivienda rebasa servicios

A pesar de que los problemas de naturaleza hidráulica y pluvial son recurrentes en las calles de Bonanza, ésta sigue siendo una de las zonas de mayor plusvalía de la ciudad, aunque a decir de la expresidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Verónica Olán García, hubo una mala planeación.

“Antes de autorizar un desarrollo nuevo deben presentar la factibilidad de servicios, principalmente si la planta de tratamiento existente es suficiente para aguantar una mayor carga, porque en cuestión de servicio de energía eléctrica se resuelve con los transformadores adecuados; aquí lo que lleva más inversión son las plantas de tratamiento con las que deben contar de aguas negras, agua potable y cárcamo”, sostuvo.

“Mientras exista esta insuficiencia no se debe seguir construyendo hasta que se resuelva o construya sus propios cárcamos como se exige a otros, tal es el caso de Villa Brisa, al cual le exigieron hacer lo propio”, aseveró la integrante de la AMPI. En este sentido, señaló que no se deben hacer excepciones, y las reglas deben ser parejas para todas las desarrolladoras.

“Las inundaciones llegan cada vez más alto y esto no impide que se sigan construyendo más viviendas. Hace unos meses hicieron un drenaje de 80 por 80 y metieron un tubo de seis pulgadas; no ha sido suficiente porque cada vez que llueve tenemos que huir con el vehículo para que no se inunde y en casa subir todo para que no se nos eche a perder.”. Óscar Frías Habitante Bonanza

 

“Cada vez que llueve nos vamos al agua, mis cosas terminan flotando y cada vez es peor, vinieron a realizar un trabajo que no fue suficiente y menos ahora con las nuevas viviendas.”. Martín León Habitante Bonanza

 

“Solicité a la alcaldía todos los estudios técnicos que avalaron la autorización del edificio, desde enero de 2017, sin embargo esta autoridad se ha negado a entregarlos, alegando una promesa de reserva al propietario, argumento revocado por los Comisionados del Pleno del ITAIP en diferentes resolutivos y que obliga a entregarme los estudios… continúo en espera de que se me proporcionen.” José de Jesús Hernández Olazarán Afectado